Al iniciar la fase de conclusiones del juicio, abierto el 5 de abril, la fiscal Mercedes Morales solicitó al tribunal que el general retirado sea condenado a 30 años de cárcel por genocidio.
También pidió 30 años por crímenes de lesa humanidad y 2 mil 800 años por la desaparición forzada de 70 personas. Pese a las penas solicitadas, la ley en Guatemala establece que una persona solo puede pasar 50 años en la cárcel.
“Se establece que la intención del acusado era la de destruir al pueblo étnico maya ixil, a quienes consideraron como enemigo interno”, dijo la fiscal sobre el exjefe del Estado Mayor del Ejército.
El militar, de 92 años, es juzgado por su rol en la muerte de más de 1 mil 200 indígenas, mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, quien falleció en Venezuela en 2006.
Durante los siete meses del juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y el testimonio de sobrevivientes, entre otras pruebas. Se espera que la próxima semana el tribunal dicte la sentencia.
La fiscal agregó que en las operaciones militares hubo “ensañamiento” contra las víctimas, entre ellas “niños, ancianos y mujeres embarazadas“. “Luego de ejecutarlos, o aún con vida en algunos de los casos, se les quemó”, indicó.
Lucas sigue las audiencias por videoconferencia desde un hospital militar en la capital y el miércoles lucía una gorra con el apellido del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Ahora cumple una condena de 58 años de cárcel impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de “subversiva” en 1981.
El martes, Lucas fue beneficiado junto a otros siete militares por una sala de apelaciones que suspendió el juicio en otra causa tras el descubrimiento de más de 500 osamentas.
