Las dimisiones, que se harán efectivas el 31 de agosto de 2025, se concretaron al finalizar este miércoles el plazo para que ministros y jueces manifestaran su intención de presentarse a esos comicios.
Si no contendían en las votaciones programadas para el 1 de junio de 2025- y tampoco renunciaban-, los ministros de la Suprema Corte habrían perdido sus pagos de retiro.
La renuncia fue notificada al Senado, como establece la ley, indicó el Supremo en un comunicado.
El pleno de la Corte está integrado por 11 ministros. En su mayoría, quienes dimitieron se oponen a la reforma a la justicia impulsada por el oficialismo, que convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular.
El alto tribunal discutirá el próximo martes un proyecto de sentencia del magistrado Juan Luis González, uno de los dimitentes, quien plantea invalidar parcialmente la enmienda aprobada en septiembre por la amplia mayoría oficialista en el Congreso.
#ÚLTIMAHORA Ocho ministros de la Suprema Corte de México renunciaron este miércoles a sus cargos, como determinó una controvertida reforma constitucional para los jueces que declinaran participar en las elecciones del próximo año, informó el tribunal pic.twitter.com/cb81AJ5jXx
— Agence France-Presse (@AFPespanol) October 30, 2024
Aduciendo falta de claridad en la reforma, González propone declarar inconstitucional la elección, salvo la de los ministros de la Suprema Corte.
La ponencia responde a acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición, incluido el partido conservador PAN.
Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el máximo tribunal no tiene facultades para echar abajo la reforma, pues cumplió el trámite legal, además de que a su juicio los partidos están impedidos de interponer recursos constitucionales.
La oposición rechaza la reforma -en particular la elección por sufragio universal- alegando que fulmina la independencia de poderes y politizará la justicia.
Estados Unidos y Canadá también han advertido que la elección podría socavar la independencia de los jueces y dejarlos a merced de los cárteles del narcotráfico, con impacto en el tratado comercial T-MEC que estos países mantienen con México.
