EDITORIAL
Polarización bloquea reforma migratoria
Otra opción sería solicitar la declaratoria de una deportación diferida (DED) para guatemaltecos, en virtud del apoyo leal y estratégico de Guatemala a EE. UU. en la región.
Los migrantes hispanos en Estados Unidos constituyen una fuerza laboral y económica innegable, incluyendo a los millones que se encuentran en situación legal irregular. Históricamente, esta potencia mundial se construyó partir de la migración desde todos los continentes. No obstante, en cada campaña electoral de este siglo se enarbola el tema como una amenaza y no como una oportunidad. Ciertos candidatos, incluyendo al expresidente Donald Trump, exacerban el tema en forma de fobias, bulos y teorías conspiranoicas que terminan calando en ciertos estamentos poblacionales poco educados, proclives al prejuicio y perjudicados por el desmantelamiento de industrias, sobre todo en el noreste, en el llamado “cinturón del óxido”.
Pero eso no es culpa de los migrantes, sino de políticas económicas y decisiones vinculadas a costos de producción, las cuales datan de la década de 1980. Las crisis económicas, falta de oportunidades, impactos climáticos y el auge de despotismos corruptos han disparado éxodos y caravanas desde varios países, al punto de generar en una crisis humanitaria en la frontera con México y en varias ciudades santuario de EE. UU. Pero durante las guerras mundiales y otros conflictos también hubo desplazamientos masivos desde Europa y Asia.
Aun así, son las comunidades hispanas las que más padecen por estereotipos, prejuicios y expresiones denigrantes, tal como las proferidas en contra de los puertorriqueños, por un cómico, bastante malo por cierto, en el rali republicano en Nueva York. La “broma” podría salirles muy cara, literalmente. Sin embargo, las políticas migratorias demócratas tampoco han sido las más abiertas, incluso cuando han tenido mayoría legislativa. Los presidentes Obama y Biden han impulsado políticas de deportación, aunque quizá sin la retórica prejuiciosa de Trump.
En el 2023, fueron expulsados 55 mil 302 guatemaltecos y hasta agosto iban 45 mil 543, lo cual apunta a un nuevo récord de expulsiones. La candidata demócrata, Kamala Harris, ha asumido como parte de su estrategia un discurso de cero tolerancia a migrantes ilegales. Estos viven a salto de mata, temiendo la detención y expulsión. No obstante, solo en el 2023 ese sector pagó US$96 mil 700 millones al fisco estadounidense, y eso sin mencionar su potencial comercial y de consumo, además de ser una fuerza laboral que toma duros trabajos en plantas cárnicas, servicios de limpieza, construcción y atención de asilos o faenas de campo. Ser indocumentados los lleva a recibir pagas menores, lo cual aprovechan ciertos patronos, incluso en estados que se declaran antiinmigrantes.
La cerrada carrera por la presidencia y el Congreso de EE. UU. está a punto de definirse, pero quien gane la Casa Blanca no debería darle más largas al tema migratorio y plantear una reforma integral que abra puertas a miles de trabajadores que llevan décadas produciendo sin un permiso. Estadías mayores a una década bien documentadas y con pago de tributos deberían ser el requisito básico. En todo caso, para la comunidad guatemalteca aglutinada en la Red Migrante, también está en marcha una intensa campaña en favor de la solicitud hecha al presidente Biden de un estatus de protección temporal, o TPS, para connacionales, con apoyo de congresistas y senadores demócratas. Es una esperanza que sigue abierta, aunque en un contexto álgido. Otra opción sería solicitar la declaratoria de una deportación diferida (DED) para guatemaltecos, en virtud del apoyo leal y estratégico de Guatemala a EE. UU. en la región. En contraste, países vecinos que se han decantado por China o Rusia en la región cuentan con un TPS, y eso es una contradicción.
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