Guatemala
La CGC prepara denuncia contra el CHN por resistencia a la fiscalización, pero banco asegura que auditoría no sería legal
El 24 de octubre el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), informó a la Contraloría que no tiene respaldo legal para auditarlos por ser parte del sector financiero.
El CHN recibió en el 2020 por autorización del Congreso unos Q3 mil millones en fondos para otorgar préstamos a pequeños y micro empresarios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Mientras la Contraloría General de Cuentas (CGC), aseguró este martes 29 de octubre que prepara una denuncia por resistencia a la fiscalización en contra del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), esta entidad financiera asegura que no hay fundamento legal para auditar sus fondos, y que esta actividad corresponde a la Superintendencia de Bancos (SIB).
La CGC nombró el equipo de auditores y notificó al CHN el 22 de octubre pasado del Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con nivel de Seguridad Limitada. Según la Contraloría, el objetivo era revisar los fondos que el Congreso autorizó en el 2020 para la emergencia de Covid.
"Se auditó el decreto 13-2020 del año 2020 al 2022, sin embargo hay un periodo pendiente de auditar que es una parte del año 2022 al año 2023 que fue cuando salió el decreto 7-2023 que indicaba que los recursos trasladados por el Estado pasaban a ser parte de capital del banco", explicó la CGC.
El CHN respondió este miércoles 29 de octubre a la CGC que la resistencia es a la fiscalización de los Q20 millones que se entregaron a través de extrafinanciamientos. Sobre los fondos del Covid, las auditorías ya se han practicado, según lo que ordenaba el mismo decreto 13-2023.
"Aducimos que el nombramiento en referencia es sobre los veinte millones vinculados a la querella penal presentada por el banco", respondió el CHN. Agregó: "Es importante indicar que esos fondos corresponden a la intermediación financiera, no corresponden a fondos públicos".
Además, en un comunicado el Banco señaló que "en el referido oficio no se especificó el alcance y el objeto de la solicitud —de la CGC— planteada".
La CGC amplió que "el nombramiento se emitió para auditar ese periodo, que eso sí corresponde a la administración de fondos públicos. Ellos no van por tarjetas de crédito". Por lo que la respuesta del CHN se consignaría en un acta y se prepararía la denuncia en contra de la entidad bancaria.
La negativa del CHN señala que "el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por su naturaleza financiera, no puede ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas, lo cual tiene asidero legal de forma taxativa categórica en la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas".
Mientras que la Contraloría insiste en que por ser fondos públicos y solicitada por diputados en el Congreso, se procedió a realizar el nombramiento de auditores para revisar los fondos.
Finalmente, el CHN indicó que solicitó a la CGC que haga de conocimiento por los "canales oficiales" los alcances y contenido de la auditoría que se desea realizar, porque el CHN es "respetuoso de la ley, dando acceso a las instancias que tengan el derecho de requerir información, tal es el caso de la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos, en sus respectivas funciones de fiscalización".
Origen de los fondos
De acuerdo con lo declarado por la CGC, los fondos que pretenden auditar son parte de los recursos aprobados en el decreto 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19. Era una ley que buscaba beneficios económicos para 2.8 millones de hogares a través de Q11 mil millones.
Esos recursos estaban destinados para tres rubros. El primero para llegar a 2.2 millones de familias con consumos menores a los 200 kWh y de zonas marginales con la entrega de Q1 mil mensuales por tres meses. Era un programa de Q6 mil millones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
El segundo rubro era para más de 300 mil hogares y en los que en más de uno de los integrantes de la familia se les haya suspendido el contrato laboral en el sector privado. Se entregaría un bono de Q2 mil mensuales por tres meses. En ese programa se destinaban Q2 mil millones y estaría a cargo los ministerios de Economía y de Trabajo.
El tercer programa estaba dirigido para el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas con el otorgamiento de créditos, los cuales estaban a cargo del Crédito Hipotecario Nacional. Con esa iniciativa se destinarán Q3 mil millones.
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