También “sobre la importancia de dar continuidad a las Mesas de Intercambio Constructivo entre nuestro Gobierno y la Secretaría General de la OEA, a fin de avanzar en ruta hacia reformas electorales y hacia las elecciones presidenciales del 2021″, señaló el Gobierno de Managua.
“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional valora la importancia de este intercambio y el acuerdo de mantener el canal de comunicación abierto con la Secretaría General de la OEA”, agregó.
El 7 de junio, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora de un diálogo nacional que se encuentra suspendido desde julio pasado, propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección.
El mandatario sandinista lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos estaban “comprometidos con los golpistas”, según dijo el 19 de julio.
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Tanto la OEA como diferentes sectores de la sociedad de Nicaragua han recomendado a Ortega adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021 para acabar con la crisis de forma pacífica, pero hasta el momento no han tenido éxito con esta sugerencia.
En tanto, la Secretaría General de la OEA informó que el Gobierno nicaragüense anunció sus intenciones de fortalecer su proceso político electoral hacia 2021 en el marco de la Constitución y la Ley.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro -quien solicitó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua- ha dicho que “en la democracia no puede existir represión, ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad”.
El Consejo Permanente de la OEA dio por iniciado en enero pasado el proceso de aplicación de la Carta con base en su artículo 20, que se aplica “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El mismo artículo resalta que el Consejo Permanente de la OEA “podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.
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La crisis sociopolítica que Nicaragua vive ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde abril, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.
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