Los funcionarios son acusados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resolución violatoria a la Constitución e incumplimiento de pago y malversación.
Los demandados son Jorge Enrique Hoffens Cifuentes, Carlos Roberto Pereira Gálvez y Carlos Daniel Illescas López.
En el expediente se expresa que la demanda fue planteada el 24 de octubre último, en la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, y esta lo remitió a un juzgado de instancia penal para que efectúe las pesquisas correspondientes contra los tres síndicos.
La demanda fue planteada porque la EEMQ y el Concejo no han cumplido con el pago de la deuda por el servicio de energía eléctrica que le compran al Inde.
El síndico Carlos Illescas indicó que en sesión ordinaria pidieron al alcalde Jorge Barrientos tiempo para exponer la demanda, pero la moción no fue tomada en cuenta.
“Solicitamos al alcalde que se conociera este problema, pero el punto fue quitado de la agenda. Estoy interesado en que esto se solvente de una vez por todas, pero no se solventará si el alcalde no quiere atender”, dijo Illescas.
El síndico primero, Jorge Enrique Hoffens, señaló que la medida del Inde no es la acordada durante el proceso de diálogo que se entabló para solventar el pago de la deuda.
“Ya hicimos un pago y solicitamos que dejaran sin efecto las demandas, pero no es justo que presenten las denuncias. Yo fui acusado en el Ramo Penal y ahora vamos a asesorarnos”, expresó Hoffens.
Se trató de obtener la versión de Carlos Roberto Pereira, pero no respondió llamadas.
Ante la postura de los síndicos, el alcalde Barrientos aseguró que trabajan para apoyarlos con asesoría jurídica.
En septiembre último, el Concejo de Xelajú llegó a un acuerdo con el Inde y el Ministerio de Energía y Minas, en el cual se pagaron Q130 millones de la deuda y solo restan Q52 millones, lo que dio motivo para las demandas.
Embargan bienes
En agosto último, el Inde también demandó a los 10 concejales debido a que no habían cumplido con el pago de la deuda que viene desde el 2009.
El alcalde confirmó ayer que un juzgado ordenó el embargo de bienes, cancelación de cuentas bancarias, posibles pagos de dietas, y le prohibieron salir del país al concejal segundo, Maximiliano de León Argueta.
“Esta medida también se pidió para todos los concejales, pero vemos injusto que la denuncia esté individualizada, y es por la falta de pago de Q736 millones, y el caso no es así”, señaló Barrientos.
Añadió que a él también le interpusieron una demanda para que se le abra un antejuicio por no cumplir con el pago total de la deuda, por lo que pidió a los jueces y fiscales del Ministerio Público que sean objetivos en este proceso.
“Con demandar no se solventará nada. Nosotros ya dimos un aporte millonario sobre la deuda de Q182 millones, tal como lo acordamos, y firmamos que no es de Q736 millones como dice el Inde. Hay muchos vicios en este caso y nos vamos a defender porque son demandas injustas”, señaló.
Agregó que buscarán una reunión con el Inde y la sociedad civil, para analizar aspectos del contrato y cobros que tiene que hacer la EEMQ.
Se trató de conocer la postura de De León Argueta, pero no fue posible localizarlo, ni en la Municipalidad ni por medio de llamadas telefónicas.
