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“Construir muros y militarizar aún más la frontera sur es innecesario, irresponsable e inaceptable, y nada más que un teatro político”, dijo a Efe Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Suroeste.
La coalición, que representa a más de 60 grupos en California, Arizona, Texas y Nuevo México, instó al Congreso a “tomar una posición de una vez por todas y poner fin a la militarización sin sentido de la frontera sur”.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que la emergencia nacional es una “fijación” de Trump “legalmente dudosa” que está pasando por encima al Congreso.
Se trata de un “flagrante abuso de poder” para “avivar el miedo en nuestras comunidades fronterizas como un espectáculo para su base política”, agregó la gobernadora demócrata.
Lujan Grisham, que la semana pasada ordenó el retiro de gran parte de la Guardia Nacional de la frontera con México, enfatizó que “no existe ninguna crisis de seguridad nacional en la frontera suroeste”, sino “una obsesión por una promesa de campaña impopular que los republicanos y los demócratas reconocen que no es práctica”.
Trump tendrá que argumentar que la llegada de inmigrantes indocumentados y narcóticos a Estados Unidos por la frontera con México supone una crisis que requiere medidas urgentes y extraordinarias.
Los activistas y políticos consideraron, sin embargo, un “abuso” la declaración de emergencia nacional, que permite a los presidentes acceder a una prerrogativa temporal y especial para enfrentar una crisis, al señalar que es el Congreso el que tiene la potestad exclusiva en materia presupuestaria.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) subrayó que la medida ejecutiva “trastorna el control de poderes por el mero objetivo político”.
“Trump puede estar sentando las bases para su campaña de reelección de 2020, pero está derribando los fundamentos democráticos de nuestra nación en el proceso”, lamentó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
“La verdadera crisis aquí son las locas políticas de inmigración de Trump que apartan a los niños pequeños de los brazos de sus padres, niños y niñas encarcelados en campamentos en el desierto”, señaló Salas.
Por su parte, el reverendo John McCullough, presidente de Church World Service, aseguró que es “inmoral y probablemente ilegal” el que calificó como “el último intento del presidente Trump de burlar el Congreso”.
“Ignora las garantías constitucionales contra el uso de los militares para hacer cumplir la ley, ignorando el hecho de que el cruce de inmigrantes en la frontera se encuentran un mínimo histórico”, agregó McCullough.
Para el reverendo, la “única emergencia es la emergencia moral y humanitaria que creó Trump cuando comenzó a alejar y separar a las familias vulnerables que buscaban asilo”.
“California te verá en los juzgados”
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, amenazó este viernes con demandar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su intención de declarar una emergencia nacional para la construcción de un muro fronterizo con México.
“California te verá en los juzgados”, indicó Newsom en un comunicado, en el que calificó la situación de emergencia que plantea el mandatario de ser una “desgracia nacional de la cual el único responsable es el presidente”.
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Trump “planea eliminar y desviar fondos que las fuerzas del orden de California usan en su lucha contra los carteles de la droga y las operaciones contra los narcóticos para la construcción de su muro. Nuestro mensaje a la Casa Blanca es simple y claro: California te verá en los juzgados”, apuntó el gobernador.
Antes incluso de que el Congreso aprobara este jueves una propuesta presupuestaria que incluía US$1 mil 375 millones para la construcción del muro fronterizo, el presidente anunció su intención de declarar la emergencia nacional para poder arañar más fondos federales con los que llevar a cabo su proyecto.
California, el estado más poblado del país, es un fortín demócrata y sus autoridades estatales y locales se han alzado en uno de los mayores opositores al Gobierno de Trump, con el que mantienen abiertas múltiples batallas legales, muchas de ellas relativas a cuestiones sobre política migratoria.
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