Durante la 80 Asamblea de la SIP celebrada en Córdoba, Argentina, entre el 17 al 20 de octubre fue expuesto el informe aún pendiente de aprobación.
“Las acciones legales en contra de periodistas persisten”, destaca el documento y explica que el Ministerio Público es el principal actor responsable de la persecución contra el gremio.
De acuerdo con la SIP, la estrategia de la Fiscalía consiste en presentar casos contra periodistas y luego solicitar que sean declarados bajo reserva para que la persona que está siendo investigada no pueda obtener información.
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Un caso emblemático
El informe destaca el caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien recientemente cumplió 800 días en prisión, detenido desde 2022 pocos días después de lanzar fuertes críticas contra el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
La SIP enfatizó que los juzgados a cargo del caso contra Zamora han cambiado la fecha de sus audiencias en más de seis ocasiones y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplazó una cita con el periodista hasta septiembre de 2025.
Zamora Marroquín tiene una trayectoria de 30 años de periodismo investigativo, durante ese tiempo denunció la corrupción estatal por medio del diario elPeriódico y este 2024 obtuvo el “Reconocimiento a la Excelencia” de la Fundación Gabo.
Este viernes 18 de octubre, un juzgado de primera instancia sostendrá una nueva audiencia contra el periodista y deberá decidir si se le otorga o no prisión domiciliaria.
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Otros ataques
Por otra parte, la SIP señaló que hasta el 30 de agosto se registraron actos de intimidación contra periodistas por parte de una exmagistrada de la CSJ, quien fotografió a una reportera que cubría un proceso judicial.
Además, periodistas denunciaron que el juez Jimmi Bremer ordenó el cierre de la sala de audiencias en un caso contra la exmandataria judicial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Claudia González, restringiendo el trabajo periodístico.
La SIP afirmó que en mayo, agentes de seguridad de la Presidencia retuvieron a 10 periodistas de Quetzaltenango para que no pudieran presenciar un acto en el que participó el presidente Bernardo Arévalo de León.
El 4 de septiembre, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó un ataque armado registrado contra el reportero Carlos Monroy, corresponsal del impreso Nuestro Diario en Zacapa.
Pese a esta situación, el informe asegura que durante el Gobierno de Arévalo se ha registrado una actitud más abierta a las críticas y se detuvo una medida restrictiva dentro del Palacio Nacional.
