Juez Jimi Bremer liga a proceso al magistrado electo Ramiro Muñoz

El juez Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo Penal, ligó a proceso penal este martes 15 de octubre a Ramiro Muñoz, exjefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y magistrado electo de sala de Apelaciones, por Abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.

Además, Bremer le otorgó medida sustitutiva con arresto domiciliario, por lo que no podrá salir del país y deberá pagar una caución económica de Q100 mil dentro de las próximas 48 horas.

Si hace efectiva la caución económica, Muñoz podría salir esta noche de prisión.

Al otorgarle arresto domiciliario, el magistrado electo podrá asumir su cargo como magistrado presidente de la sala mixta de la corte de apelaciones en Baja Verapaz, tal como lo indica el acuerdo número 67-2024 de la corte suprema de justicia publicado este 15 de octubre.

El Ministerio Público (MP) tendrá un plazo de seis meses para continuar con la investigación.

El pasado 13 de octubre, el MP coordinó el arrestó Muñoz previo a su investidura como magistrado de sala de Apelaciones.

La Fiscalía, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, indicó en sus canales oficiales que Muñoz está acusado por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.

El exfuncionario iba a ser investido el domingo como juez de una sala de Apelaciones tras ser elegido la semana pasada en el cargo por el Congreso, tras un proceso de selección de poco más de tres meses.

La orden de detención de Muñoz fue ordenada por el Juzgado Décimo Penal Jemi Bremer, precisó la misma fuente.

La Fiscalía no detalló el origen de las acusaciones contra el exfuncionario, al que ya había intentado remover su inmunidad en 2023 para acusarlo por la supuesta irregularidad en la inscripción de un partido político.

Muñoz fue el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral durante los comicios de 2023, pero en agosto pasado dejó su cargo y por tanto perdió la inmunidad que le concedía el puesto.

Desde los resultados electorales de 2023 que dieron la victoria al actual presidente, Bernardo Arévalo de León, la Fiscalía guatemalteca empezó una persecución judicial en contra de funcionarios del tribunal electoral y también del partido del mandatario, el Movimiento Semilla.

La cúpula de la Fiscalía, comandada por la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, se encuentra sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea, que la señalan de socavar la Justicia a su favor en el país.

A Porras Argueta y a la Fiscalía también se les ha señalado por parte de diversas organizaciones locales e internacionales por el encarcelamiento del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde 2022 sin juicio ni sentencia hasta la fecha.

Con información de EFE