Guatemala
Impunity Watch cuestiona transparencia en el proceso de elección de magistrados de la CSJ
Organización internacional identifica cuatro errores en el proceso de elección de magistrados para el Organismo Judicial.
Impunity Watch afirmó que se debe hacer reformas al sistema de elección de cortes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Un proceso de elección de cortes desvirtuado, poco tiempo para analizar los perfiles de los aspirantes y un sistema que no favoreció a la carrera judicial, fueron las conclusiones de un análisis que realizó Impunity Watch, una organización internacional que promueve la lucha contra la impunidad.
Su informe se dio en marco de la conclusión del proceso de elección de magistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones. “El sistema de comisiones de postulación se desvirtuó y es preocupante el futuro de la justicia y la estabilidad democrática del país”, detalla el documento.
Agrega que el “modelo parece razonable, pero en la práctica se ha desnaturalizado y se ha convertido en un mecanismo para cooptar la justicia”, ya que desde el inicio del proceso se identificaron a grupos y operadores políticos que buscaban interferir en la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
“Como el presidente de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez, el abogado Roberto López Villatoro, el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, y la misma fiscal general Consuelo Porras”, señaló el escrito.
Además, dijeron que los comisionados, que se postularon a candidatos a magistrados, respondían a estos grupos retrasaron el proceso con “discusiones innecesarias”.
Argumentaron que durante las últimas sesiones de la Comisión de Cortes de Apelaciones se seleccionó a 80 candidatos de forma anómala, lo que representa una violación a los principios de publicidad y transparencia del proceso lo que genera desconfianza en la ciudadanía.
Plazos insuficientes
A pesar de que el proceso de elección de cortes debió desarrollarse en seis meses, esto se hizo un mes y medio. “Este período es insuficiente para realizar una evaluación seria y rigurosa de los aspirantes”, detallaron.
Otra de las problemáticas que observaron fue el trabajo simultaneo de ambas comisiones, lo que limita la posibilidad de una rigurosa evaluación.
“En la Comisión de la CSJ participaron 353 personas y en la Comisión de Cortes de Apelaciones un mil 553, cifras que hacen prácticamente imposible indagar los antecedentes de cada aspirante”, comentaron.
Objetivos de evaluación
Dijeron que las comisiones no establecieron instrumentos objetivos para comprobar méritos académicos, profesionales y éticos de los aspirantes. Enfatizaron que es necesario que aplicar una prueba de “conocimientos, entrevistas y consultar las referencias personales y profesionales”.
Criticaron que no se siguieron los lineamientos que estableció la Corte de Constitucionalidad (CC) y los instrumentos internacionales para valorar la ética y honorabilidad de los aspirantes.
“Es inaceptable que las comisiones hayan rechazado los señalamientos y tachas que presentó la ciudadanía contra aspirantes cuestionados y que haya establecido el criterio de fundamentar las tachas en sentencias firmes por delitos o sanciones administrativas”, enfatiza el documento.
También mencionaron que el sistema de la carrera judicial no fue favorecido, porque solo 11 jueces ascendieron a las Cortes de Apelaciones y fuero excluidos de la CSJ, lo que contraviene el artículo 77 de la Ley de la Carrera Judicial.
Congreso negoció y eligió
Impunity Watch afirma que los diputados no establecieron un procedimiento público y transparente para elegir a los nuevos magistrados del Organismo Judicial (OJ) y optó por un procedimiento opaco “que genera desconfianza”.
Las deficiencias del sistema y las malas prácticas fueron constatadas por el rol que desempeñó la Misión de Observación Electoral de la OEA y el Panel Internacional de Personas Expertas (PEI), comentó Impunity Watch.
“Las dos iniciativas son una muestra de la preocupación internacional por la crisis del sistema de justicia de Guatemala y la urgencia de restablecer el Estado de Derecho y la independencia judicial en el país”, señala el informe.
Agregaron que el Ministerio público (MP) criminalizó a miembros de las comisiones de postulación y magistrados electos y lo interpretan como una represalia de María Consuelo Porras, jefa del MP, porque empleados del ente investigador no fueron electos, “incluyendo su esposo Gilberto Porres y el fiscal Rafael Curruchiche”.
Reformas al sistema
Dijeron que se necesita reformar el sistema de elección de cortes. Los magistrados de las Cortes de Apelaciones deben ser seleccionados por medio de la Carrera Judicial y no por el congreso.
La CSJ debería ser renovada una tercera parte “cada cierto tiempo” para evitar paralización del sistema de justicia.
Mientras que, en el congreso, se debe reglamentar la etapa de elección y entrevistas públicas los candidatos y así evitar reuniones privadas.
Afirmaron que se tienen que fortalecer la Carrera Judicial “y de control del poder judicial como el Consejo de la Carrera Judicial, la supervisión de tribunales, la evaluación de desempeño”.
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