Justicia
Uso de brazaletes electrónicos: cuáles son los perfiles de los reos que han tenido acceso y qué limita su implementación
La falta de difusión entre abogados y jueces estaría limitando el proyecto piloto de control telemático, que busca reducir la prisión preventiva y el hacinamiento en las cárceles.
Una de las finalidades del control telemático es deshacinar las cárceles. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El proyecto de control telemático en Guatemala, que permite el uso de brazaletes electrónicos para la vigilancia de personas en prisión preventiva, ha avanzado lentamente desde su implementación en mayo de 2023.
Según datos oficiales, a octubre del 2024, solo 104 brazaletes electrónicos están en uso, una cifra que representa un porcentaje mínimo frente a las 3 mil 700 personas privadas de libertad que, según Alejandro Quevedo, director de la Unidad de Control Telemático, del Ministerio de Gobernación, serían elegibles para optar a esta medida.
Esto significa que menos del 3 por ciento de los elegibles está utilizando este mecanismo.
Quevedo considera que el bajo uso se debe, en gran parte, a la falta de información y socialización de esta medida entre los actores del sistema judicial, como jueces y abogados, a pesar de que el control telemático podría reducir la prisión preventiva en casos donde no es necesaria.
Según Quevedo, "los jueces tienen la última palabra", lo que significa que su decisión es fundamental para que los abogados defensores puedan solicitar la instalación de los dispositivos.
Quevedo también señaló que "la falta de conocimiento y difusión del programa" ha contribuido al escaso uso de esta herramienta.
Causas por las que no se emplea
El objetivo principal de esta tecnología es reducir la prisión preventiva y ofrecer una alternativa más económica y eficiente, pero diversos factores han impedido su expansión, explicó Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
El analista coincide con el director del programa con que el bajo uso de los brazaletes está relacionado principalmente con la falta de difusión entre jueces y abogados.
En su opinión, muchos de estos actores desconocen los beneficios de esta tecnología o no tienen la formación necesaria para considerarla como una opción viable en los casos donde la prisión preventiva no es imprescindible.
Esta fue una de las principales conclusiones de un estudio que el Cien presentó en mayo de 2024, cuando el proyecto piloto cumplió un año, en el que evidenciaron la necesidad de una mayor capacitación para los jueces y una mejor socialización del programa para facilitar el acceso a esta alternativa a la prisión preventiva.
Menchú agregó que los jueces muchas veces no confían en la efectividad del monitoreo electrónico, lo que refuerza su preferencia por la prisión preventiva.
Desde el primer año del proyecto, indicó que "existía renuencia de los jueces a dar este tipo de medidas".
La contratación del Sistema del Control Telemático fue por Q110.3 millones durante tres años, lo que implica dos tipos de costos: fijo y variable.
En 16 meses, se han pagado Q23 millones en costos fijos y Q1.6 millones en costos variables por el uso de herramientas tecnológicas.
Mensualmente, el Mingob debe desembolsar aproximadamente Q1.4 millones para cubrir esos gastos.
Delitos donde se ha aplicado
Menchú detalló que la mayoría de los brazaletes se han utilizado en delitos menores, como fraude o robo no violento, donde el riesgo de fuga es mínimo.
Sin embargo, su implementación en casos como violencia contra la mujer, ha sido casi inexistente. Hasta mayo 2024, cuando se presentó el estudio, solo se contabilizó un solo caso.
En este contexto, el control telemático podría desempeñar un papel crucial para vigilar a agresores y garantizar la protección de las víctimas, como se ha hecho en otros países, pero este potencial según Menchú, sigue sin ser utilizado efectivamente en Guatemala.
Hugo Saavedra, jefe de la Unidad de Formación y Capacitación del Instituto de la Defensa Público Penal (Idpp), explicó que los jueces suelen ser cautelosos al otorgar medidas de protección en casos de violencia contra la mujer debido a la necesidad de cumplir con ciertos criterios legales que aseguren que se está actuando de manera justa y equilibrada.
Según señaló, uno de los principales motivos de duda es la falta de pruebas sólidas o que perciban que existe un riesgo inminente para la víctima, lo que puede hacer que los jueces no quieran tomar decisiones sin la certeza necesaria.
“Los jueces a menudo se enfrentan a la difícil tarea de evaluar la veracidad de las denuncias sin suficientes pruebas inmediatas. Esto los lleva a ser más conservadores al momento de otorgar medidas de protección", indicó.
Costos
Según el jefe de la Unidad del Control Telemático, además de la falta de conocimiento, otro problema clave es el proceso judicial para solicitar los dispositivos.
Los abogados defensores deben presentar una solicitud ante el juez, quien después de analizarla, pide un informe técnico a la Unidad de Control Telemático. Este procedimiento ha retrasado la instalación de los brazaletes, ya que depende de varios pasos que pueden dilatarse en el tiempo.
Con relación a los costos, el servicio del control telemático conlleva una mensualidad de Q1 mil 500 mensuales que el privado de libertad de debe cubrir.
Para quien no cuente con los recursos económicos suficientes, existe un procedimiento donde se le solicita al juez un estudio socioeconómico que es elaborado por el Organismo Judicial para exonerar el pago y el Estado absorbe ese costo.
Solo en casos donde el acusado puede pagar por el brazalete, que cuesta alrededor de Q1 mil 500 mensuales, se ha utilizado más ampliamente.
Según el informe del Cien, la mayoría de los casos en los que se ha utilizado la tecnología ha sido financiada por abogados privados, lo que refleja una barrera económica para las personas que no pueden asumir este gasto.
Por su parte Saavedra, explicó que una de las principales complicaciones para que el Organismo Judicial (OJ) realice la evaluación socioeconómica es la falta de personal especializado, lo que retrasa el proceso.
Señaló que este déficit de personal para trabajo social en los juzgados ha sido un factor clave para que el número de evaluaciones y, por ende, las medidas de protección otorgadas, se mantenga bajo.
La escasez de profesionales disponibles dificulta que las evaluaciones se realicen con la rapidez necesaria, afectando la efectividad en la protección de las víctimas.
"Muchos juzgados no tienen sección de trabajo social. Eso está contemplado en la ley, entonces no hay necesidad de reformarla sino que incrementar el personal de de trabajo social para que cada juez penal tenga su propio trabajador. El volumen de de de de expedientes de un juez penal es elevado", puntualizó.
Avances
En sus declaraciones, Quevedo indicó que se han hecho esfuerzos por implementar un sistema de control telemático más efectivo.
"Nosotros hemos tomado la tarea de realizar capacitaciones en donde nos llamen a las cuestiones gremiales de abogados, al colegio de abogados, juzgados", destacó, subrayando la importancia de la formación continua para el personal involucrado.
Además, informó sobre el avance de un proyecto que espera concluir este 2024, el cual tiene como objetivo "cubrir las 123 sedes de la Defensa Pública Penal a nivel de la república; únicamente nos faltan las del sur occidente".
Quevedo espera poder abarcar esas áreas en octubre y noviembre, con el fin de lograr una cobertura del 100 por ciento a nivel nacional.
Aunque se alcanzó la cifra de 104 brazaletes colocados, reconoció: "obviamente quisiéramos nosotros más, pero sabemos que todo es un sistema", enfatizando la complejidad del proceso.
"El dispositivo de control telemático se puede instalar únicamente por orden de juez y se puede desinstalar por orden de juez, de igual forma", concluyó, reafirmando la necesidad de seguir colaborando con el sistema judicial para avanzar en esta iniciativa.
El director resaltó la eficiencia del sistema de control. La tobillera funciona con cuatro tecnologías, una es la GPS, otra es la WiFi, otra es la LVS —un software especializado—, y otra es la radiofrecuencia.
El sistema telemático se aplica y ha sido efectivo en zonas lejanas como Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, e incluso la Zona Reina del Quiché, resaltó Quevedo.
ESCRITO POR:
Sandy Pineda
Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.
