Editorial
Pésimo mensaje de inicio de la nueva CSJ
El proceso político de selección finalizó y nadie debe interferir más con la función de la justicia.
Ambiciones ajenas al bien común, fidelidades preexistentes y deudas políticas inadmisibles son los lastres que exhiben los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos el 3 de octubre y que ayer, domingo 13, fueron incapaces de hallar consensos para elegir a su presidente. Se supone que son prominentes abogados, expertos en mediación y negociación, con una trascendental misión jurada y asumida ante el Pueblo de Guatemala. Se supone. Después de varias rondas de votación no lograron reunirse los nueve votos mínimos necesarios y se procedió a nombrar a un presidente provisional, con base en el mayor número de votos obtenidos durante la elección en el Congreso. El cargo provisional recae sobre Carlos Rodimiro Lucero Paz, uno de los aspirantes que no logró los nueve votos.
Si piensan mantener ese tipo de intransigencias y tozudeces, será un espectáculo lamentable el que espera a la nueva CSJ, sobre la cual recaen, irónicamente, tantas esperanzas. Sí, es cierto: ni el cargo de presidente del OJ ni el desempeño de las magistraturas constituyen tareas fáciles, pero los 13 magistrados se comprometieron públicamente a proveer el mejor servicio a la patria. No a operadores, no a bancadas ni a diputados, no a amigos ni a quienes piensen igual, sino el mejor desempeño a favor del espíritu constitucional, el estado de Derecho y el afán democrático, que se refleja, como primer punto, en la capacidad de hallar acuerdos de Nación en el esencial campo de la Justicia.
Apenas salimos de ver los zafarranchos legaloides protagonizados por la CSJ oncemesina, con abiertas rebeliones de 12 magistrados contra un presidente que, al parecer, no daba la talla de liderazgo y temple. Pero, en fin, ya se fue esa cohorte. Los tres magistrados reelectos deberían dar cátedra de tolerancia y no de peores empecinamientos.
Los desafíos de la Justicia Guatemalteca —sí, así con mayúsculas— no pueden se abordados con minúsculos afanes. Es de esperar de la nueva CSJ que se priorice la pronta elección de una persona para la presidencia. Proseguir el pulso con las mismas opciones es querer dar resultados diferentes repitiendo las mismas acciones. Tampoco se puede, ni se debe, buscar u ofrecer beneficios, prebendas o concesiones más allá de la satisfacción del servicio público profesional bien prestado. Es impostergable la elección de una presidencia formal para el OJ, pues lo provisorio no brinda la necesaria certeza jurídica, que es la principal y más básica demanda que pesa sobre los 13 magistrados electos.
El desafío de supervisar el desempeño probo, imparcial y coherente de jueces, con apego a estándares de respeto a garantías constitucionales, solo se puede abordar desde la unidad de ideales; lo mismo cabe decir del abordaje de los retos de la ausencia del Estado en determinadas regiones, sobre todo aquellas áreas costeras o fronterizas: es necesario fortalecer judicaturas y la supervisión de tribunales, pero eso precisa de consensos, de entendimientos, de la capacidad básica de prescindir de intereses personales en favor de las necesidades de la mayoría.
Grandes esperanzas se cifraron en el proceso de elección de magistrados de la CSJ y salas de Apelaciones. Por supuesto, no se puede caer en la ingenuidad de creer que bancadas y diputados apoyaron a determinados perfiles sin afán de beneficio. Son de suponer los gordos intereses que pesaron para los votos. Pero es tiempo de romper amarras. El proceso político de selección finalizó y nadie debe interferir más con la función de la justicia. Ni siquiera entidades o personas que ahora crean perdida la influencia que tuvieron antes.
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