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¿Se puede “ir a la quiebra” en Guatemala? Lo que hace falta para reglamentar las insolvencias
Desde 2022 se aprobó la Ley de Insolvencias en Guatemala, pero desde la administración pasada no avanzó el reglamento, que ahora podría estar listo en 2025. ¿Cómo funcionará el proceso para quedar insolvente en el país?
Para que se pueda declarar a alguien "insolvente" en Guatemala, se requiere de un Registro de Administradores y Procesos Concursales, que funcionaría dentro del Ministerio de Economía. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El reglamento para poder declararse insolvente en Guatemala —un proceso legal que se realiza cuando una persona o empresa no puede pagar sus deudas o obligaciones económicas— podría estar listo el próximo año. Pese a que la ley se aprobó en 2022, el marco normativo es necesario para aplicar la ley en el país.
Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía (Mineco), confirma que ya se ha desarrollado un 80% del reglamento "que debería haberse publicado en 2023" pero que hasta el 2025 podría entrar en vigencia.
Antes de 2022, el país "tenía un sistema desactualizado pero a partir de la aprobación de la Ley de Insolvencias —la cual permite la reorganización de una empresa que se encuentra en situación de quiebra—, se observó un avance en la estructura guatemalteca", afirma Andrés Martinez, especialista senior en el sector financiero del Banco Mundial.
La mayoría de casos judiciales que hay en Guatemala se deben a las deudas, explica Amán Sánchez, abogado especialista en clima de negocios, quien argumenta que la mayoría de estas deudas se deben a temas de tarjetas de crédito. “Todas esas personas que se encuentran en una situación similar necesitan una salida y poder reintegrarse tanto de manera social como económicamente a la sociedad guatemalteca”, expresa Sánchez.
No obstante, para que la ley pueda aplicarse, falta un paso muy importante: un marco normativo claro. En el artículo 151, se establece la necesidad de un reglamento que acompañe a la ley que, en el papel, tenía un plazo de 12 meses para su creación. Prado asegura que al asumir el cargo como viceministra se encontró con este incumplimiento, por lo que durante este año se han enfocado en desarrollar el pliego de reglas.
“El paso más difícil ya se dio, el desafío ahora es que la ley se aplique”, puntualiza Martínez, quien argumenta que este tipo de leyes requieren de tiempo. Añade que el principal reto es poder dejar todos los aspectos de la ley listos y enfatizar de qué maneras se va a aplicar la ley.
Adicionalmente, Rodrigo Callejas, abogado y notario con más de 22 años de ejercicio y dedicado a temas de insolvencia, indica que el Organismo Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debía crear sistemas especializados en temas de insolvencia en un plazo de cinco años después de que la ley entrara en vigor.
Reglamento es clave para la inversión
Sánchez, quien fue parte del proceso de creación de esta ley, enfatiza que las primeras ideas de su creación fueron en el 2012, por lo que el esfuerzo fue de 10 años. "Actualmente hay muchos guatemaltecos que están en problemas de deuda, que no pueden pagarlas y no cuentan con procesos claros y ágiles para resolverlas" reclama.
“Hay un cambio de cultura en materia de insolvencia: privilegiar la reestructuración”, complementa Callejas, quien indica que esto puede resultar beneficioso. A su vez, Martinez recalca que esto ayuda a que, en lugar de disolver una empresa, se ayude a su reestructuración monetaria y "salir adelante".
Sin una ley operativa, se debilita el valor del país ante los inversionistas, explica Sánchez. “Nadie va a querer venir a Guatemala si no tienen certeza de que en el momento en que algún socio quiebre, puedan recuperar parte del dinero que se les debe, o si ellos quedan insolventes, que puedan llevar un proceso para la finalización de estos negocios”, sostiene el abogado.
Qué hace falta para que funcione
El reglamento cubre dos áreas imprescindibles para la implementación de la ley: el registro y el tarifario de los administradores concursales. Estos puntos se deben crear dentro del Mineco, precisa Ana Isabel Antillón, líder de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene.
Registrar los procesos de administradores concursales, explica Sánchez, sería una dependencia del Mineco y tendría a su cargo temas como la inscripción de los administradores concursales, quienes son las personas que van a ayudar en procesos de insolvencia, como lo son auxiliares del juez y los que deben gestionar los procesos de finanzas de la entidad que debe el dinero.
Dentro de este reglamento también se tendrán en cuenta los requisitos a presentar para que las personas puedan ejercer como administradores concursales. Asimismo, a partir del reglamento se podrán registrar, notificar y publicar ciertos avisos sobre los planes concursales —lo cual actualmente es imposible—.
Próximos pasos
Según Antillón, para finalizar con la creación de este reglamento se debe cumplir con una serie de pasos. El Mineco debe terminar de desarrollar el reglamento y, luego de esto, llevarlo a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que esta entidad lo eleve al Presidente de la República y este pueda suscribirlo.
Prado asegura que desde que tomó posesión se ha desarrollado este reglamento, sin embargo, reitera que no es un esfuerzo solo del Ministerio. La viceministra puntualiza que ha tenido conversaciones con la PGN, el Organismo Judicial y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), debido a que, a partir de este reglamento y la creación de la dependencia, se crea también una estructura con nuevas plazas. Para este nuevo registro se necesitarán, para comenzar, seis plazas y habrá un incremento según su demanda. La viceministra complementa que el registro funcionará de manera electrónica.
Asimismo, Prado indicó que a pesar de discusiones entre las tres instituciones, se ha demostrado interés por todas las partes. “No veo que esto esté estancado”, asegura Prado.
La viceministra asegura que, actualmente se ha desarrollado el 80% del reglamento y que ya se envió una propuesta de este a revisión, con la expectativa, según dice, de una respuesta favorable o con mínimas modificaciones. “Espero decir que el otro año se pueda comenzar con un reglamento ya establecido y ya estar comenzando con la creación del registro”, destaca Prado.
Insolvencias transfronterizas
Martínez señaló que la ley no contempla las insolvencias transfronterizas. “Establecer mecanismos de coordinación es muy importante”, asegura Martínez.
Callejas también menciona este tema como importante, puesto que, explica, los nuevos modelos de negocios ya no se hacen en un solo país. Existen distribuidoras, empresas multinacionales y otras compañías que, estando en otros países, podrían beneficiarse de esta ley. “La dinámica del comercio es multi-jurisdiccional, y por ende, es importante que nuestra ley contemple los casos de insolvencia transfronteriza”, concluyó Callejas.
Figuras propuestas en la nueva ley
- Plan de reorganización: Le permite una segunda oportunidad a persona y negocios, porque reconoce las condiciones económicas y las capacidades de producir y evalúa eso contra el endeudamiento adquirido. Se elabora un plan de pago parcial o total de la deuda para seguir a flote, en lugar de la alternativa de vender activos y que el acreedor absorba lo que queda.
- Administrador concursal. Es un auxiliar del juez para hacer el mecanismo más ágil, con la experiencia y los conocimientos adecuados, la persona puede retroalimentar al juez las condiciones reales de la persona para elaborar el plan concursal, que si no funciona, procederá a la etapa de la liquidación de los activos.
- Proceso concursal: Sustituye a un juicio, es un proceso entre las partes donde el deudor podrá tener una segunda oportunidad al limpiar su récord crediticio y el acreedor recuperará una mayor cantidad de su deuda que en la actualidad.
- Velocidades de la justicia. Habrá dos tipos de proceso o concurso. Primero, el proceso expedito, que se reduce el tipo de requisitos, número de audiencias, cualidades del administrador que apoya al juez, deudas por el rango de 6 mil dólares, en tres o cuatro meses. Un proceso de mayor duración por debajo del año (de 6 a 10 meses) para niveles de endeudamiento mayores.
- Registro de Administradores y Procesos Concursales.: Se busca promover la virtualidad y que el registro sea electrónico y que se siga apoyando la digitalización de la Justicia, que incluye Juzgados de Insolvencia y reformas y acciones para todo el Organismo Judicial.
*Con información de Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene.
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