EDITORIAL
Pesquisas sobre las que el MP no avanza
Ya es tiempo de que el MP demuestre de qué lado está.
Apenas el martes último la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) amplió la denuncia del caso de defraudación fiscal conocido como B410, número que hace alusión a la cifra de empresas con omisos tributarios y múltiples adquisiciones falsas de servicios o insumos. Falsas, porque muchas no tienen ni siquiera una sede real, no tienen bodegas, no efectuaron movimientos de inventarios —porque no los tenían— ni de personal. En fin, un total escándalo porque muchas de ellas eran, y todavía son, proveedoras del Estado, por bienes y servicios de dudosa certeza pero que sí fueron pagados con recursos del Pueblo de Guatemala.
La primera denuncia se presentó el 14 de agosto y el Ministerio Público efectuó algunos supuestos allanamientos, de cuyos resultados no se sabe nada; tampoco hay ni una sola persona procesada, a pesar de que ya pasaron casi dos meses y de la gran cantidad de datos, indicios e incluso nombres aportados por la SAT. Por mucho menos han procesado a otras personas, y no es que haya delito pequeño, pero en este caso se trata de un total escándalo que a todas luces involucra a funcionarios del anterior período de gobierno. No se quisiera pensar que hay un afán de proteger a los allegados de dicha gestión, pero las semanas siguen pasando sin que existan resultados concretos y acusaciones penales sólidas.
Para sumar presión sobre la Fiscalía, autoridades del Ministerio de Salud denunciaron ayer públicamente una serie de adquisiciones efectuadas entre 2021 y 2022 por el Hospital General San Juan de Dios a varias empresas del entramado B410. Dichas compras no solo fueron fraccionadas para eludir licitaciones, sino que, al parecer, no son reales, pues se detallan áreas hospitalarias que ni existen.
Resulta curiosa la coincidencia temporal de esas compras con el período en que Gerardo Hernández fungía como director del San Juan de Dios, época en la cual se vivió una fuerte crisis de desabasto de medicamentos y equipo. Dicho funcionario, en lugar de asumir sus responsabilidades, señalaba a una periodista de Guatevisión de acosarlo, por el solo hecho de informar sobre la crisis. A pesar de su ineficiencia, el 18 de mayo de 2022 el entonces ministro de Salud, Francisco Coma, lo nombró viceministro de Hospitales, cargo en el cual se vio señalado en la compra anómala de equipo para el hospital de Chimaltenango, un desfalco de Q67 millones en adquisición de equipo médico, el cual ya estaba usado, en mal estado o nunca fue entregado. Para ese fraude se fraccionaron más de 600 compras, a fin de eludir licitaciones.
Hernández fue procesado junto a otras personas y lo último que se supo del caso es que, en febrero último, el juez Víctor Cruz, muy severo contra opositores del oficialismo anterior, le concedía al exviceministro la opción de aceptar cargos, pero tan solo por una parte del monto. El MP se opuso a esa resolución, pero hasta la fecha no se sabe en qué terminaron tanto Hernández como el resto de señalados.
Entre febrero de 2021 y mayo de 2022, Hernández dirigió el San Juan de Dios, y por ello la denuncia de las actuales autoridades ministeriales, así como la reiteración de los indicios aportados por la SAT, puede abonar a la deducción de responsabilidades de todo funcionario que haya avalado compras a la mafia B410, sobre todo en condiciones de fraccionamiento: una treta burda y obvia que denota afanes de burlar la cuentadancia. A la fecha no existe ni un solo caso judicial fuerte y firme contra funcionarios del anterior gobierno. Ya es tiempo de que el MP demuestre de qué lado está.
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