A contraluz
La mafia que sigue en la impunidad
Una empresa saqueó Q11 millones 800 mil en el Hospital General con obras inexistentes.
La red B410 no solo se dedicó a la defraudación tributaria, sino que sus tentáculos se extendieron al saqueo de recursos en la administración pública. La Comisión Nacional contra la Corrupción denunció ayer que las anteriores autoridades del Hospital General contrataron al Grupo Propela, S. A., para efectuar una serie de obras fantasma por un monto de Q11 millones 800 mil. Esa compañía no solo aparentaba dedicarse a la construcción, sino a vender publicidad, tasas de cerámica y sombrillas, entre otros productos, que le vendió al Estado. También forma parte del entorno de la red B410 y registró como dirección una vivienda en la colonia Banvi, zona 7, que no existe. Entre las irregularidades detectadas están que las órdenes de compra no llevaban sellos, no hay hojas de visitas del proveedor y tampoco evidencia fotográfica de los trabajos efectuados. En dos platos: un saqueo con obras ficticias que ocurrió en el gobierno de Giammattei y que afectó el presupuesto de la salud de los guatemaltecos.
Consuelo Porras continúa encubriendo las operaciones de la red B410, denunciada por la SAT.
Ocho personas fueron denunciadas por este hecho ante el Ministerio Público (MP), entre ellas Gerardo Hernández, exviceministro de Hospitales. ¿Va a actuar Consuelo Porras en este caso? La respuesta está en el aire, pero todo apuntaría a que tampoco será de su interés, como lo ha demostrado con la colosal defraudación del caso B410, revelado por la SAT en agosto pasado. Esta semana, Marco Livio Díaz, jefe de esa instancia recaudadora, afirmó que no hay ninguna captura ni avance por parte de la Fiscalía General y que las investigaciones penales son demasiado lentas. En otras palabras, a Porras no le importa investigar la forma en que se saquearon más de Q800 millones durante el gobierno de Giammattei y buscaría echarle tierra a esta denuncia que involucra a 410 empresas. Lejos de proceder a la persecución de estos delincuentes, el MP pareciera protegerlos para que nada les pase.
La fiscal general no solo encubre esta actividad criminal, sino que limita el campo de acción de la SAT. Díaz dijo que desde hace dos meses pidió la captura de los representantes legales y de los contadores de las compañías de la red B410, pero hasta el momento ninguna ha sido ejecutada. De esa cuenta, la SAT no puede accionar en su contra. En este caso es irrelevante si Porras se lleva bien o mal con el actual presidente de la República, se trata de que se detenga el saqueo de los recursos que provienen de nuestros impuestos. Eso quiere decir que si ella no acciona contra esta estructura criminal también actúa contra todos los guatemaltecos. Es imposible entender que se pueda encubrir un fraude millonario en obras inexistentes en un hospital público que se cae a pedazos. Las disputas políticas o ideológicas deberían quedar al margen porque el objetivo central es enfrentar a una mafia que sigue operando con total impunidad.
“¿Cómo es posible que estén haciendo obras en el aire y nadie se dé cuenta? ¿Dónde está la auditoría, la contraloría? Hay que identificar las estructuras, perseguirlas criminalmente”, expresó Maynor Melgar, actual jefe de la Oficina de Probidad del Ministerio de Salud. El rescate de la salud de los guatemaltecos de a pie pasa por el combate de estas mafias enquistadas en el Estado. Ojalá que los nuevos magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones dejen a un lado sus compromisos políticos con los diputados de la vieja guardia y en verdad ejerzan sus cargos en pro de una administración de justicia independiente. Sé que puede sonar a ingenuidad, pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo que menos necesitamos es que al Organismo Judicial lleguen magistrados que se conviertan en cómplices de Consuelo Porras y extiendan el período de oscuridad que marcó el gobierno de Giammattei y que continúa en el Congreso con el partido Vamos y sus aliados.
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