Guatemala
Caso B410 y fraude millonario en hospital San Juan de Dios tendrían relación por empresas señaladas
Las autoridades revelaron cómo dos empresas vinculadas al caso B410 están acusadas de defraudar al Hospital San Juan de Dios por Q11 millones, al supuestamente haber cobrado por obras inexistentes.
Mynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública, detalla el esquema de corrupción y la relación con el caso B410 durante la conferencia de prensa. (Foto Prensa Libre: MSPAS)
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) presentó este 10 de octubre un caso de posible corrupción relacionado con contratos fraudulentos en el Hospital San Juan de Dios, que supera los Q11 millones.
Dentro de este esquema, se descubrió la participación de dos empresas que no solo están vinculadas al hospital, sino que también forman parte de la red de evasión tributaria B410, un grupo de más de 400 empresas dedicadas a simular transacciones comerciales inexistentes y evadir impuestos.
En una conferencia de prensa, las autoridades explicaron la conexión entre ambos casos, y el esquema que involucra a las empresas por obras en el Hospital San Juan de Dios que aseguran, no se hicieron, pero sí se pagaron.
“El caso B410 es un caso de defraudación tributaria, pero también es un caso grave de corrupción que se ha evidenciado por prácticas dentro de gobiernos anteriores”, expuso Julio Flores, jefe de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), al comenzar a exponer detalles de la investigación.
Detección de supuesto fraude
Los hechos tuvieron lugar, según Flores, en un intervalo entre el 2022 y 2023, razón por la que denunciaron a siete exfuncionarios por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Entre ellos Gerardo Hernández, quien entonces era director del hospital, y que luego fue nombrado viceministro de Hospitales durante la gestión de Alejandro Giammattei.
Las dos empresas vinculadas al Hospital San Juan de Dios —Grupo Propela S.A. y Carretera y Casas S.A.—, al igual que su representante legal, Antonio “N”, también fueron denunciados por fraude, conspiración y pacto colusorio.
Las autoridades los señalan de participar en un esquema de adjudicación de obras públicas que nunca se realizaron o en proyectos dirigidos a lugares inexistentes.
Acorde a las denuncias, en este supuesto fraude, las empresas pactaron contratos por servicios que no fueron prestados, lo que resultó en una defraudación de más de Q11 millones al erario público.
“Partiendo de esas hipótesis, consideramos que, al no tener sustancia económica, estas sociedades no podían brindar bienes y servicios o los brindaban de forma anómala”, dijo Flores sobre los contratos señalados.
Según la investigación, se identificaron patrones de compra fraudulentas, incluyendo la creación de "necesidades ficticias y poco comprobables", así como mantenimiento de áreas inexistentes y sobrecostos en los servicios contratados.
“Se adjudicaban mantenimientos para áreas que no existen en el hospital, y esos mantenimientos, además, eran sobrevalorados. Hay irregularidades en los expedientes de compras, no constan los documentos necesarios, no constan con las firmas necesarias para que se cumplan las adjudicaciones”, detalló Flores.
Conexión con el caso B410
La relación entre ambos casos, según el comisionado, surgió luego de avanzar en las investigaciones del caso B410, cuyo nombre se designó porque la mayoría de las 410 empresas señaladas tenía registro de un domicilio fiscal en la colonia Bamvi, en la zona 7 de la capital.
Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), esa dirección es inexistente, pero además tienen un mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice.
La SAT precisó que las empresas pudieron ser creadas y existían en papel, pero estaban diseñadas para evadir impuestos y aprovecharse de contratos con el Estado, como el caso que denunciaron las autoridades de Salud en el hospital San Juan de Dios.
La conexión entre los casos, según el comisionado contra la corrupción, revela un esquema más amplio de la defraudación tributaria, al haber alcanzado al sector salud.
Según el planteamiento de las denuncias, la mayoría de los contratos con Grupo Propela, S.A. y Carreteras y Casas, S.A. respondían a necesidades inexistentes, poco prioritarias o falsas.
En este fraude, las empresas según Flores pudieron ser proveedores ficticios por servicios que no fueron prestados, lo que resultó en una defraudación de más de Q11 millones de fondos asignados al hospital.
“En caso existiera una necesidad real, se sobredimensionaba para trata de justificar un precio sobrevalorado. Se buscaban compras que no pudiesen ser comprobadas como tratamiento ‘preventivo de drenajes’”, ejemplificó.
“Hay un fraccionamiento evidente, en donde una misma área del Hospital se dividía en tantas losas como fuera necesario, para justificar el gasto corrupto que se hacía a través de diversas adquisiciones diversas de compra directa y baja cuantía, dijo Flores.
Además, según Mynor Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del MSPAS, hay indicios de colusión entre las empresas involucradas y el personal del Ministerio, donde representantes legales compartían vínculos entre los mismos procesos de adquisición.
Esquema más amplio
Según expuso, es un fenómeno de corrupción que se pudo haber establecido en la institucionalidad del Gobierno entre 2022 y 2023, por lo que las investigaciones continúan en otras instituciones.
Según Melgar, es posible que a futuro surjan más casos que involucren a estas u otras empresas conectadas al caso B410.
“Quisiera decir que el Hospital San Juan de Dios es el único, pero lamentablemente son varios hospitales los que sufrieron el mismo esquema de defraudación, en el que intervienen además un grupo de personas externas, mediante un procedimiento en el que una serie de obras de remozamiento se contrata a una misma empresa”, expuso.
“Al final solo el San Juan de Dios hay una defraudación que supera los Q11 millones. Hay lugares en los que se creaba una obra ficticia”, añadió.
Según dijo, este esquema pudo replicarse en los hospitales de Mazatenango, Suchitepéquez; Santa Barbara, Izabal; y en el de Chimaltenango.
“Hubo toda una dinámica criminal en la que estuvieron involucradas muchas personas que concibieron un plan para defraudar el patrimonio de los hospitales mediante, en este caso particular este procedimiento que es apenas uno de los tantos otros que hemos encontrado”,
Las irregularidades en los contratos para el Hospital San Juan de Dios y la falta de justificación de los gastos realizados por estas empresas, afirmó, son parte integral de la evidencia que se presentó en el caso.
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