EDITORIAL
Hogares con un solo tiempo de comida
El PMA ha identificado el alto precio de los alimentos como una de las mayores barreras para la seguridad alimentaria de las familias.
La vulnerabilidad climática y su impacto en los cultivos de subsistencia, el alto costo de granos básicos y otros productos alimenticios como huevos, leche o harinas, así como la falta de empleos —y, por ende, de ingresos suficientes para las familias— en regiones asociadas con el llamado corredor seco son los elementos de un trinomio cuya cifra de afectados crece en la medida que se aproximan nuevos sucesos atmosféricos, se retrasan las cosechas y se consumen los pocos recursos económicos disponibles. Lo hemos expuesto con la metáfora de un problema algebraico, pero la realidad es muchísimo más compleja y dramática, porque entraña angustias cotidianas reales, infancias privadas de nutrientes y poblaciones enteras sometidas a la incertidumbre de no saber si irán a dormir con poco o ningún alimento en el estómago.
La Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos arroja una cifra desafiante, no solo para el Gobierno, sino para toda autoridad a cargo de distribuir y administrar recursos públicos: cuatro de cada 10 hogares guatemaltecos afrontan dificultades marcadas para poner alimentos sobre la mesa. En muchos casos, tal “proeza” no se logra o bien implica tomar medidas que reducen la ingesta diaria a un solo tiempo de comida: una decisión que a la larga afecta el crecimiento físico y cognitivo de los niños y adolescentes.
La encuesta abarcó más de 6 mil hogares del país, entrevistados entre mayo y julio. Con muestras mucho menores los candidatos presidenciales presumen de preferencias o avances en tiempos de campaña, pero ni uno solo de tales personajes se pronuncia acerca de la necesidad de trazar nuevas estrategias de largo plazo, sin clientelismos y condicionamientos.
Según el Sistema de Clasificación Integrada de Inseguridad Alimentaria en Fases (CIF), entre septiembre del 2024 y febrero del 2025 se calcula una población de 2.4 millones en crisis alimentaria, 303 mil de esta en emergencia; y para marzo-mayo 2024 se prevé que suba a 2.5 millones: un panorama desolador que se concentra al menos en ocho departamentos y ante el cual se deben agilizar acciones de mitigación, para evitar una emergencia.
El PMA ha identificado el alto precio de los alimentos como una de las mayores barreras para la seguridad alimentaria de las familias, pues, en hogares de escasos recursos, dos tercios de los pocos ingresos obtenidos van para comprar algunos insumos básicos y aún así no alcanza. Algunas instituciones benéficas como Cáritas Arquidiocesana,
World Vision y fundaciones privadas se dan a la tarea de proveer alimentos, atención médica y nutrientes en ciertas comunidades.
Ciertas medidas disponibles para abaratar alimentos, como los permisos para el ingreso de contingentes de maíz, frijol y otros granos básicos, no han tenido mayor impacto y es tarea del Ministerio de Economía indagar qué han hecho las empresas compradoras bajo esta modalidad, pues no se trata de un privilegio para obtener materias primas a precio de ganga para luego lucrar con ellas, sino de una vía humanitaria para facilitar el acceso de productos alimentarios a precios preferentes. Debe continuar la implementación de otras estrategias como promover la mejora agrícola local, impulsar los huertos familiares o generar oportunidades laborales estacionales, pero las familias, y sobre todo los niños, necesitan alimentarse hoy para poder crecer y desarrollarse. En todo caso, iglesias, asociaciones y grupos ciudadanos también pueden aportar su grano de maíz a este noble cometido.
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