Editorial

El reto de depurar a la Policía Nacional Civil

Será interesante ver los mecanismos de seguimiento y transparencia para enfrentar al coyotaje en la frontera oriente.

Las denuncias confidenciales de la población y las pesquisas efectivas para verificarlas parecen constituirse en la mejor herramienta para combatir prácticas corruptas  de ciertos agentes incrustados en la Policía Nacional Civil (PNC). Apenas el martes 1 de octubre se registraba la detención de 25 ahora expolicías señalados de colaborar con una red criminal de trata de migrantes en el departamento de Chiquimula y sobre todo en municipios fronterizos como Esquipulas.

Fue un arresto colectivo que apunta a la esperanza en el proceso de depuración de la PNC, pero deja muchas preguntas abiertas sobre el combate real de los tratantes de personas, que tienen redes de taxis y buses piratas que hacen fletes nocturnos; rentan hoteles por semestre y organizan masivos cobros de dólares que llegan a presentar largas filas de pobladores obviamente extranjeros en las afueras de bancos. La mala noticia es que al día siguiente de las detenciones, los ruleteros del coyotaje seguían sus viajes impunes, cargados de migrantes indocumentados, entre Agua Caliente y el centro de Esquipulas, por solo mencionar un caso.

Los cabecillas de estos trasiegos, que a menudo involucran drogas y contrabando, tienen conexiones con mafias mucho mayores para ejercer cohechos e  intimidaciones. Merecen una acción coordinada total del Estado que incluya extradiciones, para que sean arrestados, juzgados y encarcelados. Los policías detenidos cobraban tarifas para una especie de salvoconducto ilegal de frontera a frontera. En efecto es lo que continúan haciendo los tratantes.  Mientras no se produzca un operativo frontal,  seguirán enviando a unos policías que por conveniencia o temor terminen  pasándose al lado del mal.

Será interesante ver los mecanismos de seguimiento y transparencia para enfrentar al coyotaje en la frontera oriente. La supresión de la Dirección de Protección Fronteriza (Dipafront), en febrero pasado, no disuadió las exacciones y abusos de poder. Quizá se deba reforzar también la formación ética y mística de los agentes, prácticamente desde que solicitan su ingreso a la Academia. Es necesario resaltar que hasta 2017  la modernización policial avanzaba, pero se vio truncada por la aún incomprensible decisión del entonces ministro Enrique Degenhart de remover a los altos mandos, so pretexto de una “oxigenación”.

Esto causó traslapes y alteraciones en la carrera policial. Durante el período de Alejandro Giammattei Falla se redujo el período de formación de nuevos agentes a solo seis meses, con el argumento de que se necesitaba graduar a más policías.  Además, la utilización de las fuerzas de seguridad para reprimir a la población constituyó una contradicción en la mística policial. Tal práctica empezó a reducirse en la segunda mitad de 2023, cuando el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, se negó a agredir físicamente a manifestantes que exigían el fin del asedio judicial contra las elecciones.

De vuelta a los mecanismos de control, en julio pasado se inauguró el Centro de Anticorrupción Policial (CAP), un ente de comunicación en el cual se reciben denuncias anónimas y se mantienen así. Durante su primer mes recibió   mil 151 llamadas. La PNC es una institución fundamental para la seguridad democrática y el estado de Derecho, no solo para el combate de la criminalidad, sino para la prevención de la violencia.  Solo si las familias confían en la misión policial se acercarán a programas comunitarios contra el asedio de bandas o maras.

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