Esta ampliación se dio sin debate parlamentario con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados, con lo que seguirán suspendidos el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
Estas 31 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno del presidente Bukele dice que ha logrado “sanar” al país de las pandillas y que la Constitución señala que una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.
Previo a la aprobación de la extensión, se conoció el hallazgo de un cementerio clandestino en el centro del país, donde se encontrarían restos de personas asesinadas y desaparecidas por las pandillas, según fuentes consultadas por EFE.
Este régimen de excepción, con el cual han sido capturadas cerca de 80 mil personas supuestos pandilleros y supuestos colaboradores de estas bandas, se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Estamos a favor de los salvadoreños.
— Ernesto Castro (@ECastroES) October 4, 2024
Aprobamos, en la #plenaria23, la prórroga al régimen de excepción, y lo haremos las veces que sea necesario.
Siempre defenderemos la paz de nuestro país. pic.twitter.com/TrXtOQVtl2
El Gobierno atribuye a este régimen la caída de los homicidios hasta una tasa de 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes y que ha dejado más de 81 mil 900 detenciones.
#Plenaria23 | Con 57 votos a favor, prorrogamos el #RégimenDeExcepción para continuar garantizando la paz y la seguridad a los salvadoreños. pic.twitter.com/ezw4jfRmiP
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) October 4, 2024
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6 mil 400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Este régimen se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
