Editorial
Magistrados se deben al Pueblo de Guatemala
Esa independencia judicial es el primer gran desafío de los recién electos.
Juramentados los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2024-2029, se completa una de dos tareas legislativas inminentes, de cara al domingo 13 de octubre próximo, cuando deberán tomar posesión de sus cargos junto con los nuevos magistrados de salas de Apelaciones, designación aún pendiente. La Corte de Constitucionalidad estableció un plazo impostergable, debido a los temores de sabotajes, asedios y maniobras que al parecer pretendían repetir los zafarranchos áridos del 2019.
A último momento, le cerró el paso a un recurso güizachesco que pretendía prolongar por cinco años las funciones de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue elegida con cuatro años de atraso, en noviembre de 2023, a causa de las dilaciones y pactos del anterior oficialismo. Tal necedad buscaba convertir en norma la extralimitación que sostuvo por nueve años a la CSJ elegida por contubernio de los extintos y nefastos partidos Patriota y Líder. Una de esas magistraturas es historia y la otra está a una semana de serlo. Fueron innecesarias e irrespetuosas ciertas exhibiciones de júbilo en el hemiciclo durante algunas de las votaciones de designación, pues no están eligiendo jugadores para una chamusca ni deudores a los cuales contactar luego para cobrar el favor.
Esa independencia judicial es el primer gran desafío de los recién electos. En todo caso, los análisis apuntan a una combinación interesante de perfiles de juristas, que ojalá no se vuelvan a amotinar contra su presidente, como lo hicieron los salientes. Algunos de ellos perduran, otros quedaron fuera, pero el precedente no es honroso. Así también, los últimos peones de ciertos grupos de presión no consiguieron votos a causa del mismo desgaste que arrastraban e implicaban. Sin embargo, a la larga no hay ganadores ni perdedores.
Ahora, a lo toral: los desafíos de la justicia guatemalteca abarcan cobertura, calidad de gestión y mejora en la supervisión de jueces, sin que esto entrañe presión ni injerencia. Por el contrario, se trata de exigir altos estándares de desempeño en la aplicación de las normas penales, civiles, mercantiles, familiares y tributarias. Asimismo, el abuso y la extensión discrecional de la prisión preventiva, hasta rozar prácticas de tortura y necedad administrativa, constituyen uno de esos lastres cuasiinquisitoriales. Paradójicamente, en otras judicaturas hay permisividades sospechosas, reiteradas reservas sin justificación ni avance, así como laxitudes que terminan favoreciendo a señalados de casos de alto impacto, con antecedentes criminales, pero cuya libertad inmediata se ordena antes que a otros encartados en procesos que denotan inquinas o intereses ajenos a la mejora constante del Estado de derecho en una república democrática.
En suma, para eso se intenta seleccionar los mejores perfiles. Para algunos sectores constituye un retroceso la inclusión de varios perfiles con señalamientos; sin embargo, la nómina de 26 no permitía ya mayor maniobra. De nuevo, lo que ahí procedería es una revisión de la Ley de Comisiones de Postulación, para reducir privilegios y monopolios, así como abrir espacios a otros sectores del país. Pero, dado el talante lábil del actual Congreso, ello podría convertirse en otro pandemonio.
Con la mano en alto, los 13 magistrados titulares juraron fidelidad a la Constitución y al Pueblo de Guatemala, representado, sí, por la legislatura de turno. El 13 de octubre habrá discursos grandilocuentes y solemnidad cívica, y comenzará un ciclo que solo se podrá evaluar por acciones, no por excusas; por cambios, no por inercias. Tras 10 años, habrá de nuevo relevo de magistrados en la fecha legal, y eso es un logro ciudadano.
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