Catalejo
Los 13 de la CSJ deben conocerse, por buena fe
La nueva CSJ necesita darse a conocer, por buena fe, para ayudar en la recuperación de su extraviado buen nombre.
Ayer terminó el tan atrasado y entrampado proceso de la integración de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia del poco conocimiento de los integrantes, es necesario comenzar lo antes posible una tarea de conocimiento ciudadano de ellos, pues no son conocidos fuera del mundo de los abogados guatemaltecos. Esa será una forma segura de retornar entre la población la supremacía del sistema jurídico, hoy en muy mal momento a causa de la serie de recursos legales mayoritariamente maliciosos, más la falta de normas nuevas para evitar la repetición de lo ocurrido con la CSJ anterior y su intento de ser electa por más tiempo, en vez de terminar el período cuando quedó desintegrada, con lo cual lo alargaron escandalosamente.
La nueva CSJ necesita darse a conocer, por buena fe, para ayudar en la recuperación de su extraviado buen nombre.
Los últimos años han marcado situaciones inesperadas, ilegales, ilógicas como consecuencia de la innegable politización de la justicia, no solo en la CSJ, sino en la Corte de Constitucionalidad, esta vez con una decisión adecuada al borrar las acciones para más atrasos. Pero no se puede olvidar al Ministerio Público consuelista, con acciones derivadas de escandalosas decisiones y acciones, sobre todo como consecuencia de castigo a críticos del régimen o a jueces y magistrados no alineados, tratados como en realidad son: presos políticos. La nueva CSJ tiene en sus manos la decisión de unirse a quienes han convertido a la justicia en un arma politiquera, o por el contrario mantener su prestigio, al cual tienen derecho pero pueden perderlo en tiempo corto.
Hay necesidad de cambios. Por ejemplo, impedir a magistrados, jueces e integrantes del Ministerio Público ser aspirantes en el período siguiente y limitar ese derecho a después del paso, como mínimo, de un período intermedio, o sean cinco años. No es injusto ni discriminatorio: los militares retirados de alto rango deben esperar un período antes de aspirar a un cargo de elección o escogencia. Se deben poner marcos a los parientes legales, hasta del cuarto grado de consanguinidad y agregar a los parientes políticos cuando alguien sea electo presidente o alcalde. En ese caso, la renuncia debe ser obligatoria. La idea es impedir clanes, y se necesita incluir a quienes tengan cargos institucionales foráneos con alguna relación con áreas de interés para Guatemala.
Otro tema necesario de resolver y enmarcar es el de las relaciones extramatrimoniales, porque se pueden convertir en un problema político y convertirlas en temas legales y válidos en las informaciones de prensa, pero también en las numerosas redes sociales y de opiniones. Nada de esto aparece en los textos legales, pero ha llegado el momento de usar la lógica y el beneficio del país, porque tampoco se pueden olvidar los daños causados por la burla a la ley, un tema cada vez más recurrente y casi convertido en un motivo de orgullo. Tampoco se trata de moralina, es decir de inoportuna, superficial o falsa. Lo señalado en este artículo, además de estar localizado en el deber ser, demuestra las consecuencias de dejar un libertinaje en la voluntad humana.
Cómo lograr estas nuevas condiciones es también campo de la ética y de la lógica, y necesita amplia discusión de posiciones posibles de fundar acuerdos basados en el viejo significado de negociación como la disposición, es decir el medio empleado para lograr algo o para atenuar o evitar un mal. Por eso será útil llamar a representantes de diversos criterios con la meta común de acabar con el abuso y la maldad localizada cobardemente en los textos legales utilizados con el fin de poner el indispensable orden para el funcionamiento de la sociedad, por definición diversa y complicada. De algo no hay duda: mantener todo como está constituye un suicidio o un asesinato sociales.
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