EDITORIAL
Cámara Penal fija plazo que da duda y da pena
Seis veces se han suspendido las audiencias por este segundo caso, que se maneja bajo reserva.
Causa suspicacia, ojeriza y serias dudas de criterio la resolución de la Cámara Penal sobre el periodista Jose Rubén Zamora, encarcelado sin sentencia desde julio de 2021. Los magistrados Gustavo Adolfo Morales Duarte, René Guillermo Girón Palacios, Jorge Eduardo Tucux Coyoy y Benicia Contreras Calderón —por cierto figuran en la nómina de aspirantes a ser reelectos por un nuevo período— fijaron la audiencia para el 23 de septiembre de 2025, es decir dentro de un año.
El 12 de junio de 2023, el periodista Zamora, férreo crítico de sucesivos gobiernos y especialmente del período de Alejandro Giammattei, fue condenado a seis años de prisión por presunto lavado de dinero. Se coloca el término “presunto” porque el 13 de octubre de aquel mismo año la Sala Segunda de Apelaciones dio un revés al Ministerio Público al anular la sentencia, debido a vicios procesales. De hecho, en la condena de junio se desecharon otras dos de las acusaciones de la Fiscalía. El fallo de la Sala ordena repetir el juicio con todas las garantías de Derecho.
Entre las obvias anomalías del caso estuvieron las suspensiones de audiencias, intimidación a abogados defensores, incomparecencia de querellantes adhesivos y reprogramaciones dictadas por juez. Tales dilaciones han prolongado el encarcelamiento preventivo. Cabe señalar que el 15 de mayo —hace más de cuatro meses— el Tribunal Noveno, que lleva el caso por presunto lavado, le otorgó medida sustitutiva al periodista Zamora. Dicha resolución fue tomada en ausencia de fiscal, que adujo no poder llegar a tiempo y pretendía que se suspendiera. La excarcelación todavía no se ha hecho efectiva por otro proceso de supuesta “obstrucción a la justicia”.
Seis veces se han suspendido las audiencias por este segundo caso, que se maneja bajo reserva, lo cual ha dificultado el acceso al expediente. En los dos procesos se denota parsimonia, dejadez e incluso cierta inquina. Cabe cuestionar si los integrantes de la Cámara Penal tienen algún interés o incentivo para evitar resolver el caso conforme a Derecho en un plazo razonable. A la luz de los hechos, retrasar para dentro de un año una resolución que busca proteger garantías procesales prácticamente retrata a estos magistrados no solo como ineficientes, sino como indiferentes hacia cualquier sentido humanitario y la defensa de las garantías fundamentales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en repetidas ocasiones el prolongado encarcelamiento del periodista Zamora y lo ha calificado como un intento de silenciar las críticas. Así también, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha cuestionado el confinamiento del comunicador por más de 20 meses y lo califica de una forma de “tortura”, agravada por la tardanza de las instancias de justicia en resolver su situación.
“Por sus frutos se conoce el árbol”, dijo el Salvador del Mundo, y “no hay árbol malo que dé frutos buenos”. Son las acciones y también las omisiones, así como sus consecuencias, las que refieren la calidad de gestión de jueces y magistrados. En este momento se encuentra en proceso la designación de nuevas autoridades para la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Su función no es ponerse al servicio de patrocinadores, traficantes de favores y mucho menos al mejor postor. Los integrantes de la Cámara Penal quizá esperan poder estar a cargo de la casación citada en 2025, pero tal tipo de fallos ponen en tela de juicio su idoneidad e imparcialidad.
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