En agosto último, Carlos Vides, presidente de la Gremial, confirmó a EFE que las extorsiones les cuestan unos US$600 millones anuales por al menos mil 500 unidades de diferentes empresas que operan en toda Guatemala.
Vides confirmó en junio de este año a Prensa Libre que “las extorsiones, lejos de disminuir, han aumentado”, pues los delincuentes exigen más cuotas y no aceptan depósitos bancarios, para no dejar rastros. “Los extorsionadores han tomado estrategias distintas. Ya no aceptan boletas de pago; ahora lo quieren de mano a mano”, refirió.
Oficio peligroso
Ser conductor de taxi o de autobús, tanto en Guatemala como en Honduras, se convirtió en un oficio de alto riesgo. Según la mencionada agencia de noticias, en los últimos 14 años han sido asesinados más de cinco mil pilotos.
A finales de agosto de este año, un conductor de bus extraurbano fue atacado por sicarios que se transportaban en motocicleta, cuando manejaba a 10 kilómetros de la ciudad para iniciar su recorrido habitual. Los pasajeros alertaron a los bomberos y compartieron imágenes del crimen en redes sociales.
Esta escena se repite en las carreteras de Guatemala y Honduras, donde los pilotos se sienten a la deriva, sin apoyo de sus autoridades e incluso de sus patronos, muchos de los cuales se niegan a pagar la extorsión que exigen las pandillas.
Estos grupos delictivos, formados tanto por jóvenes como por adultos, dominan algunos barrios de Honduras y de Guatemala, con un modus operandi basado en el asesinato y las extorsiones, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
Estas organizaciones criminales han obligado a muchas empresas de transporte a cerrar operaciones, por el cobro de extorsiones, y a decenas de taxistas y pilotos de transporte urbano a abandonar sus labores, en las principales ciudades y departamentos.
Suman muertes
En Guatemala, entre 2014 y 2024 la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) contabiliza dos mil homicidios de personas en transporte público, entre estas unos 640 conductores de autobuses extraurbanos.
En Honduras, la PDH registra entre 2010 y septiembre de 2024 unas dos mil 300 muertes violentas de personas vinculadas con el sector del transporte.
Además, en el mismo periodo, unos mil 140 conductores de taxis y de mototaxis fueron asesinados, de acuerdo con datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
El temor
Juan José, un conductor de taxi en Tegucigalpa, Honduras, quien no se identifica con su nombre completo por seguridad, explicó a EFE que esa labor se ha vuelto “peligrosa”, por la violencia y el cobro de extorsiones de parte de las pandillas.
“Es preocupante la cantidad de compañeros que nos matan todos los meses. Eso nos tiene de rodillas, porque no sabemos qué hacer ni a quién recurrir para encontrar una solución”, lamenta Juan José, quien trabaja como taxista desde hace 20 años.
La misma situación vive Jorge, conductor de taxi en uno de los municipios aledaños a la capital de Guatemala, quien durante una década fue piloto de transporte extraurbano.
“He pagado extorsión casi toda mi vida (…) No hay atención del Gobierno. Lo que nos toca es respaldarnos como gremio e incluso nos organizamos para pagar el impuesto de forma grupal, cada semana, según el acuerdo que tengamos con ellos”, refiere, respecto de los extorsionistas.
Muchos conductores han perdido la vida por no pagar “el impuesto de guerra” que les cobran las pandillas, y otros se han visto obligados a desplazarse forzosamente, denunció la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes.
Reyes indicó que “se ha identificado que los transportistas son una de las poblaciones con alto desplazamiento forzado”, debido a las amenazas y atentados que sufren cuando “no pagan la extorsión”.
Desde 2016, el Conadeh ha atendido unas 300 quejas de transportistas que denuncian estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado.
