Catalejo
El súbito lujo burocrático debe ser delito sin perdón
El alud de la corrupción obliga a emitir una ley para castigarla y recuperar el dinero y los bienes mal habidos, de todo tipo.
Una nueva figura dentro del sistema jurídico guatemalteco, con el nombre de “riqueza política” o politiquera, debe ser creada o aplicarse los aplicables artículos constitucionales o de otras leyes, con la novedad de declarar inconmutables los delitos cometidos dentro de su marco legal. Se debe a la ya insoportable corrupción generalizada causante del afianzamiento o aumento del atraso nacional en todos los órdenes, además del aumento de individuos convertidos en millonarias casi de la noche a la mañana, tanto en los cargos de elección popular como en los de nombramiento. Esto se comprende porque como se ha evidenciado en estos días, la condición de honorabilidad es solo una sugerencia, no una exigencia, con el pretexto de ser un concepto abstracto.
El alud de la corrupción obliga a emitir una ley para castigarla y recuperar el dinero y los bienes mal habidos, de todo tipo.
Es innecesario señalar este flagelo por ser evidente. Ocurre con demasiada frecuencia, aunque no necesariamente en la totalidad de integrantes, en el Congreso, el Ministerio Público, las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, el gabinete, el Organismo ejecutivo, las alcaldías, los concejos de las comunas en todo el país. Allí es particularmente notable ese cambio de vida, aunque los dineros sean de menor cantidad a los de nivel nacional. Son lugares donde es mayoritario el cambio de un nivel de vida diametralmente opuesto al de quienes fueron electos en forma directa o por estar en una lista donde cabe de todo: gente del partido, amigotes y amiguitas, parientes, en fin, personas simplemente incapaces e inútiles para realizar las tareas tácitas en los cargos.
Esta realidad hoy en día es imposible de erradicar porque no hay leyes para evitarlo y tampoco un respeto propio de quienes participan, cuyo fin principal no es servir, sino servirse, ni defender su buen nombre, al aplicar con entusiasmo el viejo dicho de “la vergüenza pasa, pero el pisto queda en casa”, con la sustitución de dicho término, al cual no se acepta, por “el pisto, los carros lujosos, las mansiones, los viajes en primera clase” lo cual es fácil de descubrir por el descaro de los corruptos, quienes no tienen el valor de ver y de frente a quien cuestione ese actuar deshonroso, ni se da importancia al honor familiar no sólo heredado sino por heredar. El dinero sucio se obtiene sin el más mínimo escrúpulo y la falta de leyes claras fomenta la creencia de considerar estúpido al honrado.
El objetivo fundamental de esa nueva ley, obligada por el pillaje, es recuperar el dinero estatal y expropiar las propiedades muebles o inmuebles, para eliminar el gozo de los corruptos. No es perdonable legalmente la corrupción y si por eso mismo el hechor no ha recibido castigo, se impone anular esas burlas a la ley, y repetir los juicios con jueces probos. Hasta podría incluir cárcel, la devolución del dinero, la expropiación de las propiedades y derechos, gracias a aplicar el artículo constitucional regulador del concepto de utilidad y necesidad públicas, y de la supremacía del bien común sobre el bien individual, como señala Aquiles Faillace, constituyente de 1985. Estas decisiones son indispensables para recuperar siquiera en parte la confianza ciudadana.
Una característica del Derecho y de su hija la Ley, es la capacidad de adaptarse a las circunstancias. No se puede legislar previamente, pero sí es posible hacerlo cuando se vuelve una necesidad y por los efectos desastrosos en todo a causa de no tenerla. El aumento de automóviles obligó poco después de su aparecimiento, a crear una ley para señalar los límites de velocidad. Por analogía, el tsunami de la corrupción obliga a hacer lo mismo. Esto no impide la interpretación de la ley, ni el derecho de inocencia, sino se especializa en cambios súbitos de nivel de vida de los burócratas cuando ejercen el cargo o después. La violación de la ley es grave y su burla es peor. No se podrá eliminar el flagelo, pero quien cometa el delito debe saber del fin de este vicio social.
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