Surge en los años setenta del siglo pasado, en el contexto de las reformas de los Estados de bienestar en los países desarrollados. Se trasplanta posteriormente a Latinoamérica, con la idea de que incrementando la eficiencia y la eficacia de la acción pública, se aceleraría el ritmo de desarrollo de países como Guatemala.

La GpR es cuestionada por corrientes de pensamiento que argumentan que la incapacidad del Estado para generar resultados de desarrollo en amplia escala, exige primero cambios profundos y estructurales a la matriz política y económica de la sociedad; en mi opinión, la GpR es un instrumento útil para impulsar al aparato público a funcionar más efectivamente mientras se avanza a la par con abatir las restricciones de fondo. Lo mejor que tiene es que obliga a las autoridades a hacer públicos a priori los “resultados” que quieren obtener, entendiendo “resultado” como el cambio social que produce la acción estatal, y no solamente la suma de actividades que realiza, o el volumen de bienes e insumos que entrega a la población.

Ese mérito tiene ciertamente la actual administración: explicitó algunas metas que quiere alcanzar durante sus cuatro años de gestión; tema que sienta un importante precedente a futuro.

Los resultados, no obstante, deben ser medibles y verificables, y las metas factibles, con un sólido sustento técnico detrás, que toma en cuenta también las condiciones específicas del país y las capacidades del sistema público para modificar su funcionamiento.

Los avances se miden a partir de un sistema de información estadístico que funciona bien, que es confiable y al cual la ciudadanía tiene libre e irrestricto acceso. La carencia de un sistema con esas cualidades es una de las principales restricciones que refleja este Informe. La GpR implica, además, que se pueden asociar los resultados obtenidos con las estrategias empleadas; y éstas, con los recursos financieros erogados para el efecto. Se rinde cuentas a la ciudadanía sobre el conjunto integrado de estos elementos y no por separado.

El Informe refiere a 11 resultados estratégicos que surgen de los tres pactos en que se organiza el quehacer del Gobierno. No en todos se especifican las metas que se propuso alcanzar inicialmente para cada resultado, y solo para algunas hay redacción que indique qué porcentaje de las mismas se ha logrado. No siempre queda claro cómo se midieron. Contradictoriamente, lo que más abunda en este tomo dedicado a GpR, es el recuento de actividades y acciones realizadas.

Lo que más alarma es que no se encuentra ninguna sección en el Tomo I que permita saber cuántos recursos financieros fueron asignados y ejecutados por meta y resultado estratégico, comparando ejecución con lo logrado. Si quiere datos financieros, remítase al último capítulo del tomo II. Cuando llegue a él, de seguro ya se le habrá olvidado qué decía el tomo I.