Trascendiendo la bufonesca y revictimizada agresión contra la vicepresidenta ¿por la oposición o autosabotaje patriotista ante la paupérrima capacidad de gobernar, compras por excepción sin transparencia, informes demagógicos sin consistencia técnica y verificabilidad, negativa a rendir cuentas sobre el patrimonio del binomio presidencial, caída en las encuestas electorales, autoritaria e ilegal cacería en contra de Jose Rubén Zamora e inexistente direccionalidad estratégica? inflada por los sensacionalistas medios de comunicación y que funge como distractor en las masas, es importante voltear la mirada hacia las cuestiones estructurales que impiden neurálgicamente construir los cimientos de un Estado-nación para el desarrollo democrático en el largo plazo.

Sin lugar a dudas, la embestida de la globalización y la imposición del Consenso de Washington tienen implicaciones directas en la crisis o agotamiento actual del Estado —fallido para los neoliberales—, pues resquebrajaron los esquemas de pensamiento, actuación del Estado mismo y de la sociedad civil, donde el mercado fue el único actor favorecido con dicha reingeniería institucional que pregonaba eficiencia, eficacia y desburocratización en la gerencia pública —desmantelamiento del ente regulador para facilitar el latrocinio de las hordas privadas—. Aunado a esto, la posmodernidad agudizó la crisis del sujeto/ciudadano.

Pero estamos asumiendo que nuestro Estado existe como tal plenamente; sin embargo, reconociendo que es una categoría histórico-social, esta sigue evolucionando a ritmos muy lentos y aún no ha completado su proceso de formación institucional, debido a la incomprensión causa-efecto de los conflictos inherentes al Estado, es decir una lectura trivial de la complejidad del fenómeno público.

Basta con recordar que el desarrollo del Estado se ha visto truncado por los ideales separatistas de la élite criolla, fue asaltado por mercenarios y caudillos como Rafael Carrera, Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico operadores de la oligarquía agroindustrial que configurarían el modelo del Estado finca, excluyente, racista e inequitativo en la distribución del ingreso y la renta; luego se instauraría un Estado contrainsurgente, etnocida y violador flagrante de los derechos humanos universales, y ahora se reviste de un manto neoliberal que ha confinado a la cosa pública al ostracismo, pues el Estado ya no es un actor protagónico de los conatos del progreso.

Finalmente, asistimos a un debate inacabado y que debemos emprender críticamente, pues la realidad del Estado ultrajado no lo solucionarán los carroñeros de turno ni los venideros, ni las camarillas empresariales extractivistas, ni la dadivosa pero injerente cooperación internacional, si no más bien es un proceso revolucionario que debemos gestar desde la ciudadanía viviente, organizada, formada, incidente y propositiva para revertir su carácter insuficiente, inerte, cooptado y desfinanciado desde el paradigma del neoconstitucionalismo, priorizando la aplicación de la ley y la justicia social.