Punto de encuentro
La fiscal general y el Pacto quieren sus cortes
Un sistema de justicia corrompido y a merced del tráfico de influencias puede arruinarle la vida a cualquiera.
Contrario a lo que sucede con el proceso electoral en donde se eligen al binomio presidencial, las diputaciones y alcaldías, la elección de las magistraturas a la Corte Suprema de Justicia y salas de las cortes de apelaciones despierta menor interés ciudadano.
Toca acuerpar al grupo de comisionados honestos para que las cortes no continúen dominadas por las mafias.
Es normal, mientras en las elecciones generales nos sentimos partícipes, depositando nuestro voto por las y los candidatos de nuestra preferencia, la elección de magistrados nos luce ajena. Sin embargo, quienes ocupan estos puestos tienen un nivel de decisión tan importante como el del presidente de la República. Al final, se trata de otro poder del Estado que puede, a partir de sus resoluciones, poner en jaque al propio sistema democrático.
Si no, vean ustedes cómo las decisiones de las altas cortes terminan echando por tierra las actuaciones del gobierno y del Congreso, incluyendo resoluciones en las que prácticamente los magistrados legislan. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que se ha judicializado al extremo la política (aunque nos suene a cliché) y todo termina sometido a fallos judiciales: desde la defensa del agua y los recursos naturales hasta los vetos a las candidaturas presidenciales.
Y aunque nos parezca que nada tiene que ver con nuestra cotidianidad, un sistema de justicia corrompido y a merced del tráfico de influencias y los sobornos, puede arruinarle la vida a cualquiera al momento de tener que enfrentar/interponer una demanda (penal, civil, administrativa o laboral) que no se decidirá de forma independiente sino -en muchos casos- a partir de los “incentivos” para las y los juzgadores. Y una justicia “a la carta” (es decir, al mejor postor o a favor de quien tenga más dinero o más poder) es extremadamente peligrosa.
Si no, veamos lo que está sucediendo actualmente en Guatemala con sentencias absolutorias a favor de narcos y personajes vinculados a casos de gran corrupción (Sinibaldi, Baldizón, el Gato Herrera), y, por el contrario, fallos condenatorios o de privación de libertad en contra de personas que no han cometido delitos. Porque al final, aunque sea el Ministerio Público el encargado de la persecución penal (investigar y llevar ante los tribunales las pruebas que sustentan la comisión de un delito), son las y los jueces y magistrados quienes deciden.
En dos platos, si el sistema de justicia en este país fuera independiente se rechazaría la persecución espuria que han emprendido Porras y sus adláteres en contra de quienes consideran sus “enemigos” (operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales e indígenas, estudiantes, trabajadores y profesores universitarios) y no se accedería a clausurar las causas penales de quienes abiertamente integran redes de corrupción, a través de las cuales se han enriquecido ilícitamente dejando en trapos de cucaracha las arcas del Estado.
Por eso es que esta elección de cortes reviste de una importancia crucial para el Pacto de Corruptos y su fiscal general: de la continuidad en la captura y cooptación del sistema de justicia depende que Porras Argueta, Curruchiche y sus compinches puedan seguir mal utilizando el Derecho Penal para promover la impunidad de los corruptos; el castigo de quienes les investigan y denuncian, y las operaciones para desestabilizar al gobierno, incluidos los casos para traerse abajo y procesar al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Herrera. Como escribí la semana pasada, el modelo de las comisiones de postulación para elegir magistrados está agotado. Pero, en este momento, es el mecanismo que existe y el que está en marcha para integrar las cortes 2024-2029. Por eso toca, como se hizo para defender la elección 2023 que nos querían robar, acuerpar al grupo de comisionados/as honestos y no dejar que las cortes continúen dominadas por las mafias.
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