Catalejo
Cómo se puede entender la tragicomedia nacional
Una tragicomedia mezcla alegría y dolor, características de muchas de las incomprensibles decisiones humanas.
La mayoría de la población guatemalteca adulta y adolescente superior, de edades entre 16 y 30 años, ha vivido en un país donde cada vez más se afianza la válida idea de la existencia de un ascendente y tortuoso camino cuyo final es la destrucción de cualquier remedo de democracia. La población pide los necesarios cambios, pero no hay disposición para participar en hacerlo porque significan necesariamente la violación, incumplimiento y burla de la ley. Las actuaciones, decisiones y veredictos de los tres poderes del Estado y de los organismos estatales tienen como efecto provocar la dudas de si esta realidad existe, si es un sueño, pesadilla, más bien, reconstituye una tragicomedia digna de ser el argumento de un libro de cuentos macabros para asustar a cualquiera.
A diario hay noticias increíbles. En el más cercano ejemplo, las comisiones de postulación rechazaron 31 de las 32 objeciones presentadas. Triunfó el legalismo, en sus dos sentidos de ser la aplicación de la ley sin considerar otras circunstancias, o convertirse en “formalidades que obstaculizan o impiden el funcionamiento de algo”. Para puestos donde resulta fundamental el buen nombre de quienes aspiran ocuparlos, el análisis de aspectos abstractos es particularmente importante, porque estos elementos éticos son superiores a las condiciones expresadas en textos legales. No siempre coinciden la ley, la corrección y la justicia. La ética profesional también es factor influyente en la calificación de alguien como adecuado para un cargo jurídico.
Es problemático. Ciertamente existe el derecho de inocencia, pero este criterio de escogencia debe tomar en cuenta el currículum vitae, el historial, las relaciones familiares, comerciales y cualquier otra con la posibilidad de significar nepotismo, lo cual pone en riesgo el balance en el análisis, fundamental en el sistema de justicia de todo país. Por un lado, no se podría aceptar a quien haya sido condenado por un crimen violento. Al cumplir la pena se recuperan derechos individuales pero esto no puede incluir puestos de semejante altura, por el simple motivo de cuidar así a dicho sistema fundamental y democrático de no recibir justificadas críticas o sospechas acerca de las razones verdaderas de sus veredictos. La confianza es otro valor fundamental e indispensable.
La ética profesional también es factor influyente en la calificación de alguien como adecuado para un cargo jurídico.
Otro caso grave: el plan de varios diputados —entre ellos los oficialistas— para hacer reformas electorales, de hecho quitarle la calidad de Supremo al Tribunal Electoral; escoger poner a las autoridades del TSE según el capricho, trampas y manipulaciones de los congresistas; legislar para mantener el voto ciudadano por listados, llevar a las papeletas a igual número de hombres y mujeres; recibir 3 dólares por cada voto recibido, capacidad de repetir elecciones (claro, contrarias a sus intereses espurios) y exigir una sentencia firme como requisito para defenestrar a candidatos una vez inscritos. Lo peor es el descaro de enojarse cuando entidades internacionales los señalan de abusos exorbitantes y países amigos los agregan a las listas de guatemaltecos non gratos.
El término para definir todo esto es una tragicomedia negra, pues muchas de las decisiones y de los abusos en la aplicación de derechos individuales, podrían servir como libreto para una película de terror revuelto con sadismo y maldad. Se va afianzando la necesidad de inventar alguna forma de control ciudadano ante los funcionarios, afianzado sus decisiones con la fuerza de la corrección. Antes del covid, nadie hubiera imaginado el paro del mundo. Fue producto de la necesidad y la aceptación forzada, sin atenuantes ni excepciones. Ahora existe una necesidad distinta, pero en el campo político, con el fin de eliminar a la politiquería. Se pueden rescatar la democracia y sus instituciones, pero es indispensable valentía para luchar por un nuevo contrato social.
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