Otto Pérez Molina: El militar que se volvió ícono de la corrupción

La vida política de Otto Pérez Molina ha estado marcada por muchos eventos, pero dos son los más representativos: se encargó de firmar los Acuerdos de Paz por parte del Ejército y ahora es el primer presidente guatemalteco en ser condenado por la justicia nacional por cargos de corrupción.
 
Su prestigio, construido con la imagen de un militar progresista capaz de negociar el fin de la extensa guerra civil en el país, quedó sepultado luego de que se probara que se enriqueció a costa del Estado, lo cual lo convirtió en el ícono de la descomposición estatal de la que fueron señalados varios de los funcionarios del Partido Patriota.
 
Dicha agrupación política, de la que fue fundador, lo llevó al poder con el lema “mano dura” para la crisis de seguridad que atravesaba el país. No obstante, la criminalidad se mantuvo durante su mandato y tampoco logró dar cumplimiento a su promesa de cambiar el modelo de administración clientelar y corrupto que, aseguraba, existía en el país.
 
Incluso, el 14 de enero de 2012, cuando asumió el cargo manifestó que el compromiso de su gestión era con la “austeridad y transparencia”. También aseguró que la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti se encargaría de velar por la “transparencia” y la “auditoría social interna”, circunstancias que se quedaron en palabras.

En esa ocasión hubo aplausos, incluyendo los de Thelma Aldana, quien era presidenta de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente sería nombrada por Pérez Molina para hacerse cargo del Ministerio Público. Desde el ente investigador, ella se convirtió en uno de los verdugos del gobernante al impulsar investigaciones en su contra.
 
Esto lo hizo junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia a la que el expresidente le extendió el mandato por dos años en la nación en 2015. La solicitud de ampliación fue anunciada el 23 de abril de ese año, apenas una semana después de que el ente desmanteló una mafia aduanera.
 
Tal grupo criminal fue denominado “La Línea” y fue esta pesquisa, en la que colaboró la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la que provocó su caída como presidente el 2 de septiembre de 2015, un hecho que se aceleró tras perder el apoyo de la ciudadanía, del sector empresarial y el de su propio partido político.
 
Han pasado casi 10 años desde su colapso. Hoy, Pérez Molina ya no goza de buen reconocimiento, el Partido Patriota es historia, su carrera política se acabó y ha sido condenado por cometer actos de corrupción. Si bien tiene dos sentencias en su contra, él se encuentra libre hasta que los fallos no sean confirmados o se revoquen a su favor.

La Línea

Pérez Molina se encontraba en Zacapa entregando alimentos cuando, el 21 de agosto de 2015, la FECI y la CICIG solicitaron que se le retirara la inmunidad para ser investigado por su participación en la estructura La Línea. Al respecto, el dignatario aseguró que “seguiría dando la cara”.
 
El caso ya había agitado fuertemente su gobierno, porque tres meses antes había provocado la renuncia de Baldetti y ese día en el que se pedía que a él se le quitara el antejuicio, la exvicepresidenta era capturada por su participación en ese grupo criminal que defraudaba al Estado desde las aduanas.
 
La investigación refirió que el gobernante era uno de los beneficiarios de los sobornos que recibía esta estructura, la cual falseaba las declaraciones de importación y recaudaba en dádivas Q2.5 millones semanalmente. El escándalo generó un descontento nacional que llevó a miles de ciudadanos a manifestarse para solicitar la renuncia del binomio.
 
Pérez Molina veía cómo su administración se destruía por los señalamientos y el 1 de septiembre de aquel año el Congreso de la República le daba la espalda, incluyendo los congresistas del Partido Patriota, quienes apoyaron que se le quitara el antejuicio por su involucramiento en este expediente judicial.

Apenas 24 horas después, dimitió al cargo de presidente. Paralelamente, el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, que era dirigido por Miguel Ángel Gálvez, emitió una orden de captura en su contra. Era una situación inédita. El abogado Alejandro Maldonado asumiría como gobernante, en tanto Pérez Molina se sentaba en el banquillo de los acusados.
 
Para entonces era 3 de septiembre de 2015 y el presidente se entregaba a la justicia. Ese día fue enviado a prisión. Siete años después fue encontrado culpable por este caso y se le impuso una pena de 16 años de cárcel. Tras conocerse el fallo dijo sentirse “frustrado”, pero pagó Q10 millones como fianza para salir de prisión.
 
Las instancias judiciales deberán confirmar o revocar la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo “B”. De eso depende que Pérez Molina regrese a la cárcel para cumplir la condena o bien nunca vuelva a pisar ese lugar por el que desfilaron tantos de los funcionarios del extinto partido naranja.
 

Cooptación del Estado

El expresidente se volvió millonario gracias a un entramado de sociedades anónimas, mismas que percibían las dádivas entregadas a una estructura criminal conformada por múltiples funcionarios, la cual sacaba provecho de suscribir irregularmente contratos estatales con varios empresarios.
 
Este modelo, según las pesquisas, se utilizó para realizar adjudicaciones en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, las carteras de Comunicaciones y Cultura, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de Información Catastral, por citar algunas entidades públicas.
 
El expediente judicial fue revelado el 2 de junio de 2016 y para esa fecha esta estructura habría captado Q500 millones producto de esas actividades ilícitas. Por este escándalo, fueron puestos a disposición 53 personas, entre quienes se encontraba el binomio presidencial del Partido Patriota.
 
Pérez Molina estaba preso en la cárcel de Mariscal Zavala cuando se presentó el caso, en el que se detalló que el ex dignatario recibió ostentosos regalos de sus ministros como una lancha lujoso valorada en Q2 millones, una casa de playa en Santa Rosa de US$1 millón y un helicóptero de US$3.5 millones.

Esto fue documentado en el evento La Coperacha. La investigación de Cooptación del Estado abarcó otra fase denominada Terminal de Contenedores Quetzal, en la que el militar fue acusado de facilitar la entrega de una porción del Puerto Quetzal a inversionistas españoles, por el que obtuvo US$4.2 millones en coimas.
 
Varios exfuncionarios de Pérez Molina no fueron enviados a juicio por esta macro investigación. Sin embargo, el expresidente aceptó los cargos de los que se le imputaron y recibió una segunda condena de ocho años de cárcel conmutables. En este caso pagó una fianza de Q300 mil para gozar de arresto domiciliario mientras se resuelven los recursos para revalidar o modificar su sentencia.

Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero

El último caso presentado por la CICIG no tuvo los resultados esperados. La Comisión y la FECI solicitaron que el expresidente enfrentara un tercer proceso penal por asociarse ilícitamente y recibir sobornos del empresario Gustavo Alejos. Sin embargo, la entonces jueza Erika Aifán decidió cerrar el caso por falta de pruebas.
 
La carpeta judicial documentaba que el exsecretario privado de Álvaro Colom le entregó como dádiva la lujosa casa que Pérez Molina ocupó durante su mandato presidencial. Esta se encuentra ubicada en la zona 15 capitalina y, según la investigación, Alejos se la brindó con el objetivo de garantizar, asegurar y obtener favores del exgobernante.
 
Las autoridades refirieron que, para ocultar esta coima, el empresario simuló un contrato de arrendamiento con el exmandatario, pero partes del contrato de alquiler fueron falsificadas. Incluso, la pesquisa expuso que el ex dignatario no canceló mensualidades, debido a que había hecho remodelaciones en el inmueble y con eso pagó las rentas.

Esas modificaciones, para la CICIG y la FECI, fueron inexistentes. De hecho, las indagaciones explicaron que Alejos había recaudado US$7.29 millones en sobornos provenientes del constructor José Maynor Palacios Guerra y parte de ese dinero sirvió para construir una casa que fue arrendada a la hija de Pérez Molina.
 
En la estructura estaban involucradas otras personas, pero no fueron responsabilizadas penalmente por estos presuntos actos de corrupción. De esa forma, fue descartada la tesis de la investigación de que la supuesta organización criminal tenía como objetivo apoderarse del Estado y extraer recursos con particulares que tenían contratos públicos.
El caso se presentó el 5 de agosto de 2019. En su momento, el expresidente lo calificó como “una de las últimas patadas de ahogado” de la CICIG, la cual un mes después cerraría operaciones en el país. El exmandatario añadió que fue un expediente judicial “armado en la carrera” y sin “ningún sustento".

Pérdidas

El helicóptero que se le obsequió a Pérez Molina por parte de sus funcionarios, valuado en US$3.5 millones, fue obtenido de forma ilícita y por eso el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó que fuera traspasado al Estado. Este ha sido uno de los pocos bienes que el exgobernante ha perdido desde que fue detenido en 2015.
 
El exfuncionario, además, fue despojado de su mansión de playa que está en Taxisco y que fue comprada por US$1 millón de forma ilícita por sus ministros. Hay tres lanchas de su propiedad que están pendientes que se determine su procedencia y que la citada judicatura emita el fallo al respecto.
 
Asimismo, ese órgano jurisdiccional tiene inmovilizados varios bienes de Pérez Molina, entre los que está una extenso inmueble denominado La Montana, misma que consta de seis fincas y su valor asciende a alrededor de Q16 millones. Estos terrenos se encuentran en Zaragoza, Chimaltenango.
 
También está pendiente de que se decida si pasan al poder del Estado dos propiedades que se encuentran en Mixco: la primera se ubica en la zona 8 y la segunda en zona 10. Por último, aún no se ha resuelto la extinción de dominio de 17 cuentas bancarias en quetzales, cinco en dólares y tres a plazo fijo.

“La prueba estaba mal”

El abogado del expresidente, César Calderón, dijo que la CICIG “aparentaba” que tenía razón en todo. No obstante, aseguró que si se analiza lo que dicen los expedientes, las cosas son distintas. “Cuando se pone a valorar la prueba en su justa dimensión, resulta que esta estaba mal”, agregó.
 
En esa línea, el profesional mencionó que, en el caso La Línea, se realizaron escuchas telefónicas sin tener autorización judicial, lo cual hace que la prueba sea ilegal y expresó que, al hacer un estudio legal, el resultado es que hay una “extraordinaria” cantidad de vicios en la tramitación de ese proceso penal.
 
“El ideal de la justicia no es así. Su ideal es con reglas que deben de respetarse de ambos lados: por parte de la defensa y por el ente persecutor. Pero cuando el ente persecutor se convierte en un criminal, que a toda costa quiere una sentencia condenatoria, es tan espurio e ilegítimo como cuando un delincuente comete un delito”, aseveró.
 
Por eso, el entrevistado mencionó que espera que la Sala Segunda de Mayor Riesgo acepte las alegaciones sobre las irregularidades del fallo del caso La Línea, botar la sentencia y que quede resuelto ese asunto. “Si un día se repite el juicio, estoy seguro que lo gano”, refirió Calderón, quien le sugirió a Pérez Molina que aceptara los cargos en el caso Cooptación del Estado para salir de ese “problema” y que el expresidente estuviera “tranquilo en casa”.