Política
Comisión contra la Corrupción anuncia acciones contra implicados en caso B410
Denuncias, inhabilitaciones y destituciones estarían en las medidas anunciadas por la Comisión contra la Corrupción por el caso B410.
Funcionarios del Gobierno de Bernardo Arévalo brindaron declaraciones este 9 de septiembre sobre distintos temas. (Foto Prensa Libre: C. H. Ovalle)
Julio Flores, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, brindó detalles este 9 de septiembre sobre avances en procesos de revisión que efectúan por el caso B410, revelado en agosto último.
Según Flores, en un plazo de unas tres semanas se presentarán acciones como denuncias, inhabilitaciones, destituciones y rotaciones de personal.
Detalló que se implementó un tablero de adquisiciones o compras públicas por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, en el cual se puede corroborar de dónde procede un monto presupuestario, en qué se gasta y hacia dónde se dirige.
También indicó que con el Ministerio de Finanzas Públicas crearán un sistema de alertas que mostrarán “movimientos inusuales” dentro de las adquisiciones.
“Hay comportamientos fácilmente detectables, como compartir representantes legales, sedes fiscales o contadores. Hay casos donde los periodos son muy reducidos, lo cual será un indicio que tomará en cuenta la alerta”, explicó Flores.
Además, en cuanto a medidas que han implementado contra empresas señaladas en el caso, flores indicó que se procedió con la inhabilitación del Número de Identificación Tributaria, lo cual impide que puedan hacer cobros.
“La serie de averiguaciones que están haciendo las entidades del Organismo Ejecutivo conllevan también que al detectarse irregularidades se solicite la inhabilitación dentro del Registro General de Adquisiciones del Estado, que como consecuencia no podrán ofertar al Estado dentro de los procesos de adjudicación”, señaló Flores.
El caso
El 14 de agosto de 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria infirmó que una estructura de 410 empresas había evadido impuestos por varios millones de quetzales.
Según la SAT, la defraudación habría sido de unos Q300 millones, según los casos documentados; sin embargo, se rastreaban más fondos.
Las autoridades identificaron varios patrones con los que descubrieron la red de defraudación.
Entre ellos se identificó empresas con la misma dirección fiscal, el mismo representante legal o habían sido constituidas por el mismo notario.
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