Durante una vista en la Corte de Constitucionalidad, la empresa arrocera San Francisco, S.A., denunció que al establecer los contingentes de arroz el Gobierno favorece a 13 empresas, lo cual constituye un oligopolio.
Alejandro Balsells, abogado de la entidad, detalló a los magistrados que el artículo 19 del acuerdo gubernativo 441-2013 que regula el contingente de importación del arroz, es inconstitucional porque se beneficia a una compañía con el 52% del mercado; a seis con el 31%, otras seis con el 13% y 31 firmas tienen solo el 5%.
Agregó que el Ministerio de Agricultura se ha negado a certificar a San Francisco, S.A., excusándose en que delegó esa función a la Asociación Guatemalteca del Arroz (Arrozgua), cuando la ley establece que es esa dependencia.
Joaquín Romeo López, del Ministerio de Economía, expresó que la compañía no ha utilizado el contingente y negó que exista oligopolio.
