Como todos los condenados a la pena capital en EE. UU., Taylor y sus abogados multiplicaron hasta el último minuto todos los recursos posibles, pero de todos modos fue ejecutado después de que el Tribunal Supremo rechazara la última petición.
Uno de los recursos presentados ante un tribunal federal de Misuri se refirió a “la ausencia de medios legales de ejecución”, siendo que el Estado busca un barbitúrico para las ejecuciones.
Ante la escasez de productos para las ejecuciones, Misuri -como otros Estados- usa el anestésico pentobarbital, pero no ha revelado qué laboratorio se lo proporciona ni si se trata de un producto homologado.
Esta situación lleva a la multiplicación de recursos judiciales, ya que mientras se desconozca la procedencia del pentobarbital, no se sabe si la inyección constituye un castigo cruel, lo que está prohibido por la Constitución estadounidense.
“Misuri se apresta a inyectar a un prisionero un medicamento de procedencia desconocida, preparado por un farmacéutico desconocido con capacidades desconocidas, sin nadie para verificar independientemente la calidad de sus actividades”, declaró a la AFP Richard Dieter, director del Centro de información sobre la pena capital.
