José Luis Benito: El exministro que se derrumbó al igual que su “megaobra”

Desde luego, no todo fue bueno en la gestión del exministro, misma que se vio apañada por los señalamientos que hacía la prensa de beneficiar con contratos públicos a constructoras que le eran afines, entre las que se encontraba la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento.
 
Dicha compañía es propiedad de Alejandro Matheu Escamilla, amigo del exjefe del CIV y con quien tenían el mismo pasatiempo: la crianza de caballos. El paso del exfuncionario por esa institución, supuso para esa sociedad mercantil un incremento en las adjudicaciones, al punto que acumular contrataciones por Q619.17 millones.
 
A raíz de los señalamientos, el ingeniero se mostró irritado con la prensa, un sentimiento que compartió Morales, principalmente, cuando arreciaron las críticas por los constantes problemas que presentaba el Libramiento de Chimaltenango, la obra insignia del gobierno de FCN-Nación.

El objetivo de esta carretera era reducir los tiempos para transitar por el mencionado departamento. A pesar de que tanto Benito como Morales defendieron los trabajos realizados, esta ruta ha registrado decenas de derrumbes desde su inauguración hace cinco años.

Posteriormente, la Fiscalía contra la Corrupción identificó una serie de irregularidades en la ejecución del proyecto, en las que habría estado involucrado el exministro y que propiciaron el desmoronamiento del éxito construído por Benito a base de su “megaobra” y millones de quetzales recibidos, aparentemente, de forma ilícita.

Libramiento de Chimaltenango

El presidente Jimmy Morales viajó a Chimaltenango el 12 de abril de 2019 para habilitar un libramiento, con el objetivo de facilitar el tránsito hacia el occidente del país y reducir los tiempos de viaje, al desviar los recorridos hacia esta nueva ruta y no pasar por la zona urbana del citado departamento.
 
La obra se extiende por 14.5 kilómetros e inició su construcción en 2014, durante el gobierno del Partido Patriota. La carretera iba a costar Q312.99 millones. Sin embargo, su valor fue incrementando y tres años después del comienzo de los trabajos el proyecto ya había alcanzado los Q451.73 millones.
 
Ese dinero no logró cubrir la totalidad de los trabajos necesarios para concluir la carretera, por lo que la cartera de Comunicaciones tuvo que hacer una nueva licitación. Esta fue aprobada por Benito y otorgada a una empresa que, según la Fiscalía contra la Corrupción, carecía de capacidades para ejecutar los trabajos.

El Ministerio Público señaló que la constructora tenía solo once trabajadores inscritos ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y no poseía la maquinaria ni la logística para desarrollar las labores, que consistían en construir un tramo de 2.3 kilómetros. No obstante, se le asignó la conclusión del tramo por Q77.80 millones.

Adicionalmente, se le brindaron Q15.10 millones por la construcción de un muro enclavado. Los investigadores aseguraron que este trabajo complementario tuvo “fallas notorias”, habiéndose producido “constantes deslizamientos de tierra” como consecuencia de las deficiencias en la edificación.

La pesquisa detalló que en ese trabajo se emplearon materiales de baja calidad y sobrevalorados. La fiscalía lo consideró un fraude. En total, la sociedad mercantil que tuvo la tarea de terminar el Libramiento de Chimaltenango recibió Q92.90 millones. De esa cuenta, el costo total del proyecto ascendió a Q544.63 millones.
 
Los fiscales también identificaron supuestas anomalías en la compra de los derechos de vía y se realizaron pagos a doce personas por sus terrenos, pero los registros de propiedad fueron falsificados. Eso le generó, según la investigación, decenas de millones de pérdidas al Estado.
 
Debido a las irregularidades, fueron capturadas 17 personas el 10 de julio de 2020. La fiscalía había solicitado la aprehensión de Benito, pero el juez Mynor Moto se negó a girar la orden de captura. Siete meses después fue que se autorizó la detención del exministro, pero ocurrió cuando el expediente había sido trasladado a otra judicatura.
 
En este caso, el exministro goza de libertad condicional, mientras espera que se decida si debe enfrentar juicio. El caso lo tiene asignado Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, quien también maneja un segundo expediente judicial en el que está sindicado el profesional.
 
Además, los fiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, quienes impulsaron esta investigación, han enfrentado procesos penales por aparentes errores en el desarrollo y entrega del expediente. El primero está preso, mientras que el segundo fue absuelto de los cargos por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal.

Q122 millones

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval sorprendía, el 16 de octubre de 2020, al encontrar una enorme cantidad de dinero en un allanamiento. La diligencia fue ejecutada en el exclusivo condominio Doña Beatriz, ubicado en la Antigua Guatemala.
 
En esa ocasión, los investigadores hallaron Q84.77 millones, US$4.71 millones y €95,950. En suma, localizaron Q122.35 millones, ya con la conversión de las divisas. Todo ese efectivo estaba escondido en 22 maletas y los fiscales necesitaron dos días para practicar el decomiso de los recursos.
 
La escena era inédita. La fiscalía tenía sospechas del propietario de este “tesoro”, pero no se apresuró a mencionarlo. Es más, esa unidad del Ministerio Público indicó que continuaría con la investigación para establecer el vínculo entre el dinero, el inmueble y la persona que resultara responsable de un hecho que consideraban ilícito.

En esa fecha, la FECI afirmó que se giró una orden de captura en contra de Benito por los nexos con ese dinero y lo señaló de incurrir en lavado de dinero, porque ese monto posiblemente eran sobornos de constructoras. Dos indicios vincularon al ingeniero con el efectivo.

Primero, la fiscalía encontró en una de las maletas una etiqueta con la leyenda “José Luis” y un código que correspondía a un vuelo hecho hacia España. La aerolínea confirmó que el viajero era el exfuncionario, quien fue a ese país europeo entre el 12 y 19 de noviembre de 2018 (cuando aún ostentaba el cargo).



 

Segundo, la casa en la que se encontraba el dinero era, aparentemente, alquilada por la inmobiliaria Las Rocas, propiedad de José Ernesto Batres González. Él le mencionó a los fiscales que aún no se había firmado el contrato de arrendamiento con opción de compra de la vivienda, pero afirmó que Benito ya estaba pagando las mensualidades.
 
El exministro asumió su culpabilidad en este expediente, por medio de la Ley de Aceptación de Cargos, siendo condenado inicialmente a cuatro años de prisión por conspiración para lavado de dinero (un delito menor al imputado). La sentencia fue rebajada a dos años y, después, modificada en varias ocasiones por la Sala Primera de Mayor Riesgo.
 
Finalmente, la Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló la audiencia en la que se declaró culpable y ahora deberá repetirse. De esa manera, el caso aún se encuentra en fase intermedia y ahora la jueza Abelina Cruz Toscano tendrá que resolver sobre una aceptación de cargos o seguir con el trámite normal del proceso.
 
Es necesario resaltar que dentro de este expediente la FECI había iniciado una nueva línea de investigación, producto de la declaración del denominado “Testigo A”, quien señaló que Benito habría dado Q20 millones a la campaña del expresidente Alejandro Giammattei en 2019.
 
Presuntamente, el dinero era una dádiva de una empresa contratista del Estado y se entregó, según el testimonio, para que el exministro permaneciera un año más en el cargo y se asignaran varios proyectos de cientos de millones de quetzales a entidades mercantiles que le eran afines.
 
El exfuncionario no fue confirmado en el puesto, pero supuestamente sí se hicieron las adjudicaciones acordadas. En su momento, La Presidencia rechazó los señalamientos y sostuvo que estos eran un ataque político con la intención de dañar la imagen de Giammattei. La FECI no ha revelado avances sobre estas indagaciones.

Reparto

Los Q122 millones incautados en la Antigua Guatemala pasaron a favor del Estado, luego de que se agotara el proceso de extinción de dominio en enero de 2021. El juzgado de la materia citó a Benito para que reclamara el dinero y demostrara la procedencia lícita del efectivo. Sin embargo, no acudió a la audiencia.
 
En esa línea, el juez Marco Villeda determinó que los recursos fueron obtenidos de forma ilegal y, por ello, se repartieron entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.
 
La casa en la que se localizó el monto fue inmovilizada y es administrada por el Estado, que la ha puesto en arrendamiento por Q12,850 mensuales, en tanto se define si fue utilizada para actividades ilícitas. La lujosa propiedad posee cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, piscina, dos jardines y un parqueo.

Defensa

Prensa Libre intentó comunicarse con el abogado Alberto Martínez, quien en los registros judiciales aparece como parte del equipo legal del exministro, para consultarle sobre cómo analizaba estos dos casos en los que está implicado su patrocinado y su proyección sobre la resolución de esos expedientes. Sin embargo, no respondió a la solicitud de entrevista.
 
Con anterioridad, la defensa argumentó que no existe el contrato con opción de compra del inmueble en el que se encontraron los Q122 millones y tampoco la fiscalía logró acreditar que Benito haya tenido el dominio de la casa. Incluso, aseguró que el exfuncionario se declaró culpable, pero no aceptó haber lavado el dinero ni ser el propietario de la vivienda.
 
Asimismo, los abogados mencionaron que los hechos de los que el ingeniero está acusado en el caso del Libramiento de Chimaltenango son de “tinte político”. Asimismo, Benito dijo que este expediente se abrió por los derrumbes en los taludes de la obra, pero subrayó que durante su administración no se construyó ningún talud.