En la reunión, la misión oficial de la SIP expresó a Pérez Molina su preocupación por la “difícil” situación de inseguridad que padecen los periodistas del país en el ejercicio de su trabajo.
Paolillo se manifestó “sorprendido” por el hecho de que la casa del abogado Víctor Hugo Barrios, quien representó al director de elPeriódico, José Rubén Zamora, “en las querellas penales entabladas contra él” por el Gobierno, “fuera baleada en el mismo momento en que finalizaba la conferencia de prensa que ofreció la misión para exponer sus conclusiones preliminares”.
En enero pasado, el diario elPeriódico, cuyo director es uno de los principales críticos del Gobierno, lo que le ha valido demandas penales, denunció ser víctima de una persecución fiscal.
La misión mantuvo reuniones entre el 19 y 21 pasados con Pérez Molina; la vicepresidenta, Roxana Baldetti; la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, así como con organizaciones de periodistas, constitucionalistas, congresistas y responsables de diversos medios.
El ataque a tiros, que Barrios denunciará ante el Ministerio Público y el procurador de Derechos Humanos, fue “un burdo intento para intimidar al profesional y al director de elPeriódico, pero también fue un mensaje mafioso dirigido a organizaciones defensoras de la libertad de prensa como la SIP”, opinó Paolillo.
“Acabábamos de manifestar nuestra preocupación por las presiones que experimenta elPeriódico a raíz de la discriminación en publicidad oficial, acoso judicial y hostigamiento tributario”, cuando la residencia del abogado del director del diario fue atacada. Es muy difícil considerar esto como un hecho aislado”, expresó.
Desde hace años, la SIP viene reclamando en Guatemala que los Gobiernos asuman un papel más decisivo para “incentivar un clima de mayor diversidad y pluralidad de voces, algo esencial para el mayor respeto y goce de los derechos de los ciudadanos en una democracia”.
Los delegados de la misión de la SIP en Guatemala habían cuestionado ante las autoridades “la existencia de un monopolio que desde hace años beneficia a un empresario que es propietario de los cuatro canales de televisión abierta de alcance nacional, así como de decenas de radios”.
Una denuncia por la que la SIP “ha sido víctima de una campaña de desprestigio en esos medios, al estilo de las que organizan cada vez que son criticados los Gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina”.
