Según el poblador Moisés Pérez Yaxón, el comité proconstrucción compró y pagó el terreno, pero los dueños de este negaron haber recibido el dinero.
Los afectados pidieron la mediación de la alcaldía indígena de Santa Lucía Utatlán, la Municipalidad, alcaldes auxiliares y la Procuraduría de Derechos Humanos, y tras varias reuniones con las dos partes en litigio, se logró que los inconformes aceptaran la construcción del tramo, que tendrá aproximadamente 300 metros de largo.
