Un ejemplo espeluznante es el estado de esclavitud en el cual trabajan niñas y mujeres —en su mayoría indígenas— en cadenas de tortillerías y tiendas que surten de este alimento tradicional a miles de hogares guatemaltecos. Vale la pena tomarse el tiempo para imaginar la realidad de estas jóvenes víctimas de trata: llegan a una ciudad caótica y, desde su visión, de dimensiones incalculables. No conocen a nadie, no hablan el idioma, no tienen dinero y son forzadas a laborar jornadas extenuantes sin descanso ni alimentación suficiente.

A ellas se suman las niñas vendidas por sus padres o secuestradas de su hogar para ser entregadas a hombres adultos en calidad de esposas, cuando ni siquiera han alcanzado la pubertad. Es otra forma de trata, otra forma de esclavitud sacralizada por un concepto deformante de las tradiciones, pero la cual refleja el machismo y la misoginia extremos practicados por la sociedad como si fueran valores. Estas vertientes de la violencia y el crimen perpetrados en un contexto aparentemente “natural” están conectados de manera muy cercana con el desprecio por la vida que hoy rodea a toda la ciudadanía.

La prensa nacional, sin querer queriendo, se ha transformado en constante vocero de nota roja. Los asesinatos se multiplican y los niños desaparecidos ya suman más de 200 en apenas 45 días. Sin embargo, en medio de este escenario de incertidumbre y fragilidad institucional, todavía faltaba el golpe certero para descabezar al Ministerio Público, una de las pocas instituciones que ha mostrado resultados positivos en la lucha contra el crimen y la impunidad.

Hoy ya no se trata solo de combatir al narcotráfico. La criminalidad ha alcanzado niveles de terror tanto en su extensión, como en sus procedimientos y campos de acción. La trata es uno de sus negocios más rentables y se encuentra entre los de mayor nivel de impunidad, gracias al desprecio y la cultura de subordinación a la cual se ha condenado a las mujeres por el solo hecho de serlo. Hoy, los motivos tampoco son requerimiento indispensable para asesinar a una persona inocente, basta un deseo o una orden aleatoria para que un pandillero o un sicario vacíen la tolva sobre la víctima escogida al azar.

La duda que surge es ¿cuál será el futuro de la justicia? ¿En manos de quién quedará la persecución de quienes intentan convertir a Guatemala en un país sometido al terror, aniquilando de ese modo todo intento de rescatar la institucionalidad y el estado de Derecho? Las maniobras políticas recientes evidencian una vez más la falta de consistencia en el aparato estatal, causada por el espacio privilegiado que se otorga al sector político en desmedro de los cuadros técnicos indispensables para garantizar una ejecutoria coherente de la administración pública. El efecto: el retroceso de una democracia que ha costado ríos de sangre.

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