El caso es que no estamos ante un simple hecho de que si se recorta o termina el período de la fiscal general Claudia Paz y Paz o si se pueda postular nuevamente o no, como lo afirma de manera simple la vicepresidente de la República. Primero, porque se está atentando contra una institución, autónoma e independiente que hasta el momento había estado haciendo el trabajo que nunca lo habían hecho los anteriores fiscales. La capacidad de la doctora Paz y Paz no se tiene que poner en duda, porque así como ha perseguido a miembros del crimen organizado, también ha podido llevar a los tribunales a militares acusados de perpetuar genocidio contra la población indígena y mucho más, ha ayudado a esclarecer denuncias en contra de líderes sociales, que defienden sus tierras ante la ambición del modelo de desarrollo imperante.

Segundo, como lo afirma en una de las entrevistas que le hicieron los medios de comunicación a la fiscal general, que “El MP era antes una institución que no tenía un rumbo claro. No había metas claramente definidas más que una cantidad de acusaciones cada mes. Y era una institución que tenía un sistema de investigación muy caro y muy ineficiente, en el que se investigaba caso por caso y que no era capaz de ver estructuras en su conjunto (…) Sin duda, con una acción más eficiente de la justicia, hemos llegado contra personas que nunca habían tenido que enfrentar la ley y que se pensaban por fuera del Estado de derecho. Aquellos que no creían que el sistema de justicia los podía alcanzar, ahora se ven afectados”.

Tercero, poner el dedo en la llaga y tocar intereses de grupos de poder, es lo que los tiene incómodos y ahora piden la cabeza de una fiscal que no se ha dejado amedrentar y no se ha dejado comprar. Desde el momento en que el máximo representante de la Fundación contra el Terrorismo la incluye en la lista de quienes dice él que fueron guerrilleros o que deberían de estar en las cárceles, se sabía que algo sucio se estaba tramando. Por eso, con esta decisión se rompe el estado de Derecho y posiblemente vamos por el rumbo de acrecentar un estado de Derecha, porque la intención es tener un Ministerio Público bajo el control político y dependiente de estos actores que históricamente han controlado el poder político, económico, militar de este país.

Entonces la intencionalidad va más allá del periodo de la fiscal. El objetivo es controlar el sistema de justicia para emprender el camino más seguro y libre para hacer lo que se les pegue en gana.

Ante esto la CC debe enmendar este error y devolvernos a los guatemaltecos la esperanza de terminar con la impunidad.