Decía hace pocos días el subsecretario de Estado para Antinarcóticos y Seguridad de Estados Unidos que Guatemala no tiene la culpa de estar precisamente en la ruta principal del comercio de drogas, aunque habría que agregar que sí tiene mucho que ver con la calidad de personas que integran algunas de nuestras instituciones, las cuales con demasiada frecuencia dan muestras de ser altamente sensibles a las tentaciones criminales, como parece indicar la muerte de los tres efectivos que se enfrentaron.

Lo cierto es que prácticamente en cada uno de los últimos gobiernos se ha descubierto a policías que operan al servicio de estas redes criminales, como ocurrió con tres altos jefes de la entonces llamada Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica, que trabajaron durante la administración de Alfonso Portillo y que en el 2005, con engaños, fueron llevados a Estados Unidos para participar en un supuesto seminario antidrogas, y ya en suelo estadounidense fueron detenidos bajo la acusación de traficar estupefacientes.

La historia se ha repetido en varias ocasiones: agentes de la PNC han estado involucrados en ilícitos relacionados con el narcotráfico, tal como sucedió el 24 de abril del 2009, cuando fueron robados 500 kilos de cocaína de una bodega de Amatitlán, mientras varios agentes buscaban despojar de un cargamento de drogas a otros que resguadaban la mercancía de un grupo de narcotraficantes, hecho por el cual fue procesado el director de la institución, Baltazar Gómez, quien fue condenado a 16 años de cárcel.

Estos eventos no hacen más que poner en perspectiva el reto que representa la lucha antidrogas, cuyo poder de corrupción alcanza las más altas esferas, lo cual tampoco sorprende. Ha ocurrido en otros países donde funcionarios y altos jefes policiales y militares han sido capturados por estar al servicio de los barones de la droga, quienes de esa manera cuentan con información privilegiada y recursos estatales para operar y extender su influencia a muchos ámbitos del acontecer nacional.

Es de vital importancia que las autoridades no caigan en explicaciones simplistas, porque sería ingenuo hacer ver ese episodio como algo atribuible a rencillas personales, cuando es de sobra sabido que un solo paquete de droga es una enorme tentación para cualquiera, sobre todo si se toma en cuenta lo voluminoso del cargamento: 131 kilos de cocaína y 23 de heroína, cuyo precio en el mercado se calcula en 13 mil dólares y 50 mil dólares, respectivamente, algo que puede hacer perder la razón a quien sea, sobre todo en un medio como el nuestro, que está lleno de incentivos perversos.