Las modificaciones vendrían a “corregir” las reformas aprobadas el año pasado, incluidas en el paquete de leyes de transparencia, explicaron diputados oficialistas.
La estrategia del PP para acelerar los cambios es por medio de enmiendas de curul a través de la iniciativa de ley para circulación por carreteras libres de cualquier tipo de obstáculos —llamada ley de túmulos—, que está en agenda.
Aunque la mayoría de bancadas acepta la necesidad de analizar las reformas planteadas por el PP, rechaza la táctica del bloque oficial y piden que sea a través de una iniciativa consensuada.
Desconfianza
La mayor desconfianza que genera la propuesta de cambios a la Ley Orgánica del Presupuesto es que al eliminar el requisito de respaldo financiero antes de contratar obras, incluido en los artículos 26 y 63 de la normativa, se abriría el camino para que el Ejecutivo pueda generar deuda sin limitación.
La suspicacia se incrementó el lunes último, cuando algunos diputados afirmaron estar sorprendidos por las enmiendas a la ley de túmulos, que se pretendía aprobar ese día.
José Fernández, subjefe del PP, negó que se haya intentado sorprender al parlamento y aseguró que la iniciativa ha sido discutida incluso con contratistas del sector construcción y municipalidades.
Explicó: “El Estado está paralizado porque no podemos transferir recursos a padres de familia para refacción escolar, y en el tema de proyectos el problema es que tener las CDF nos tiene en un aprieto, porque el Estado no puede levantar ningún evento y se pierde productividad y eficacia”.
César López, subjefe del bloque Todos, no descartó el apoyo a las reformas, pero solo si se plantean a través de una iniciativa y “no se escondan” en otras leyes.
“Se necesita un análisis más profundo, pero queremos que se separe el tema de la ley túmulos y se conozcan las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que afectan las leyes de transparencia”, indicó López.
Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, también solicitó separar los temas y que se conozcan las enmiendas a la Ley Orgánica del Presupuesto por separado.
Refirió que el PP “se metió un tiro en el pie” el año último al haber aprobado reformas que le perjudicaban la administración.
Cambian estrategia
El objetivo no cambia, pero sí la estrategia oficial para aprobar los cambios al Presupuesto en el menor tiempo posible.
El jefe del bloque del PP, Juan José Porras, reconoció que tratar de aprobar las reformas a través de enmiendas no fue la mejor opción, pero aseguró que insistirán para agilizar el trámite.
“Vamos a buscar los mecanismos viables, quizá la forma menos adecuada es a través de una enmienda, pero teniendo una agenda tan cerrada y cuando las contrataciones no se pueden dar, parece ser una vía viable buscando los consensos”, dijo Porras.
Algunos diputados acusan al oficialismo de presionar, a través de la distribución de las comisiones de trabajo, el apoyo a las enmiendas a la Ley Orgánica del Presupuesto.
Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada, aseguró que la distribución de comisiones no es negociable y ya está consensuada, mientras que Amílcar Pop, de Winaq, expresó que existen algunas presiones.
“El tema de comisiones de trabajo ya fue resuelto y deben honrar ellos —el PP—, no es nada oscuro y escondido, y no tendríamos que replantear un marco de negociación”, expuso Pop.
Jefes de Bloques
En la tarde, la junta directiva se reunió con los jefes de bloques y se acordó discutir hoy con las ministras de Finanzas y de Educación la necesidad de reformar la Ley del Presupuesto.
También se acordó crear una comisión temporal para que revise las iniciativas presentadas, para evitar que su contenido haya sido plagiado o no cumpla con los requisitos mínimos para sugerirla como ley.
La propuesta fue planteada por Pop y apoyada por la mayoría de los jefes de bancadas.
“Se debe gastar bien, no rápido”
Mynor Cabrera, analista económico del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que los últimos cambios a la Ley del Presupuesto efectuados el año pasado fueron positivos porque permitieron ordenar el gasto y obligan a cumplir con normas básicas del presupuesto.
El experto refirió que, de aprobarse las reformas a la Ley del Presupuesto, es una forma de “volver al pasado y gastar sin control”.
A criterio de Cabrera, el solo hecho de proponer los cambios es un mensaje negativo en aras de la transparencia del manejo de los recursos públicos.
“Lo que se va a tener —con las reformas— es un desorden económico, una medida incorrecta que permitirá regresar al pasado, donde hay ejemplos muy claros respecto a que solo crea problemas en el presupuesto. —Viene a— generar deuda en bonos y préstamos y deuda flotante que se cuestiona su legitimidad”, aseguró el experto del Icefi.
Cabrera señaló que la obligación de emitir Constancias de Disponibilidad Financiera permite que no se programen y contraten obras en forma rápida, lo cual apunta a tener mayor control de la calidad de trabajos que paga el Estado.
Indicó: “Es más difícil trabajar con reglas, pero es lo más sano, y hay que acostumbrarse a trabajar con reglas porque son recursos que vienen de los impuestos. El presupuesto no hay que gastarlo rápido, sino bien”.
Reformas planteadas
El PP considera que tres cambios son necesarios para desentrampar la ejecución de obras.
Disponibilidad financiera
Busca que el Estado pueda contratar nuevas obras sin la necesidad de emitir la Constancia de Disponibilidad Financiera, norma que tiene como objetivo evitar que instituciones que adjudican obra gris asuman compromisos de pago sin contar con respaldo económico, para evitar que el Estado aumente la deuda de arrastre.
Fondos para organizaciones
El segundo cambio a la Ley Orgánica del Presupuesto ampliaría la norma que el año pasado prohibió a los ministerios de Salud y de Agricultura transferir fondos a asociaciones y oenegés, lo que actualmente prohíbe al Ministerio de Educación entregar los recursos de refacción escolar a comités de padres de familia y los aportes a organizaciones educativas.
Ejecución a municipalidades
El tercer cambio persigue que las facturas por servicio no sean emitidas a los Consejos Departamentales de Desarrollo, sino a las municipalidades, que son las entidades ejecutoras. En la actualidad esto tiene detenidos los nuevos proyectos en los municipios, ya que la Ley Orgánica del Presupuesto manda que sean los Consejos los que hagan la liquidación, los cuales, a su vez, no pueden ejecutar recursos.
Polémica por montos
El PP intentó en el 2013 pagar deuda de arrastre a contratistas.
19 de agosto del 2013: Retiran iniciativa
Luego de varios meses de cabildeo, el PP retiró del Congreso una iniciativa que buscaba aprobar bonos por Q3 mil 500 para pagar deuda del CIV.
20 de julio de 2013: Argumentan pago
Comunicaciones publicó el monto por pagar por proyecto. Días antes
la Junta Monetaria respaldó la emisión de bonos para esa deuda.
Septiembre de 2012: Buscan apoyo
Sinibaldi y el entonces director de Fonapaz, Armando Paniagua, llegaron al Congreso a gestionar el pago de Q4 mil millones de deuda en ambas entidades.
Enero de 2012: Culpan a Colom
El presidente Otto Pérez Molina acusó al gobierno de Álvaro Colom de haber dejado deuda por Q11 mil millones; este dijo que eran Q7 mil millones.
Es una güisachada
Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, calificó el intento de reformas del PP de “un fraude de ley y una güisachada y una sinverguenzada”.
Según Blanco, el PP intentó sorprender al Congreso ocultando en enmiendas las reformas.
Niega intención
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, negó que el PP haya querido “sorprender” a nadie y dijo que la estrategia —a través de enmienda— no restó transparencia al interés oficial, al señalar que eso lo permite la Ley Orgánica del Congreso.
Gobierno De Portillo: Q800 millones
Se calcula que el FRG dejó una deuda de arrastre de Q800 millones en el CIV. Sin embargo, no existen registros certeros, ya que cada gobernante, desde la administración de Ramiro de León (1993-96), ha heredado a su sucesor una deuda sin documentación.+
Período De Berger: Q2 mil 755 millones
El gobierno de Álvaro Colom denunció en el 2008 que su antecesor, Óscar Berger, había dejado una deuda de arrastre de Q2 mil 755 millones en el Ministerio de Comunicaciones, incluidas las de Caminos, Covial y la remodelación del aeropuerto La Aurora.
Gestión De Colom: Q5 mil millones
En el 2011, funcionarios del Colegio de Ingenieros afirmaron que el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, dejaba la deuda flotante más grande de los últimos tiempos, por Q5 mil millones, según publicaciones de prensa.
