Carreteras
Emiten dictamen favorable para iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria
La comisión de Economía del Congreso propone crear una dirección general, trabajar en carreteras prioritarias y establecer un modelo de contratación de pago por disponibilidad, sin pago de peaje.
Propuesta de ley de infraestructura vial que fue presentada desde 2018, ahora se enfocará solo para obras o carreteras prioritarias, en busca de ser aprobada en el Congreso. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La comisión de Economía del Congreso emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria, con algunos cambios respecto de la original, como establecer carreteras prioritarias, aunque mantiene la modalidad de contratación propuesta.
La ley ya no se enfocará en resolver los problemas de las carreteras de todo el país, sino que comenzará con las carreteras de tipo centroamericano, por las que circula más comercio nacional e internacional. Por ejemplo, las que van de una frontera a otra y de un puerto a otro, así como el desarrollo de rutas periféricas o anillos que permitan incrementar la movilidad sin tener que circular dentro del departamento de Guatemala, explicaron los parlamentarios.
Entre las obras a incluir están la ampliación, rehabilitación, operación, mejora, uso, aprovechamiento, mantenimiento y conservación de la Ruta Centroamericana CA-1 Occidente; CA-1 Oriente; CA-2 Occidente; CA-2 Oriente; CA-8; CA-9 Norte; CA-9 Sur; CA-13 que va desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto; y la Ruta CA-14, además de carreteras perimetrales a las que se ha denominado “Anillo Metropolitano” en municipios del departamento de Guatemala; y “Anillo Regional” en departamentos aledaños al área metropolitana. Se estima que esos tramos contemplan 1 mil 500 kilómetros.
Los diputados Jorge Ayala, presidente de la Comisión, y Elmer Palencia, integrante de esa sala, expusieron que este jueves 22 de agosto se prevé presentar el dictamen a la Dirección Legislativa del Congreso con la intención de que sea conocido por el Pleno a próxima semana. Para su aprobación, esta ley requiere 81 votos, se agregó.
Los parlamentarios explicaron que se mantiene la propuesta original de una modalidad de contratación denominada “pagos por disponibilidad”, con la que el Estado pagará a la empresa contratada, solo si tiene en buenas condiciones la infraestructura.
Palencia argumentó que no se trata de una privatización o paso con cobro de peaje, sino que el Estado pagará por cuotas y los contratos pueden ir desde 20, 25 y hasta 30 años, “con lo que se garantizaría que la empresa esté a cargo de la misma y no deje desatendidos los tramos”.
Dirección y financiamiento
Para su operación no se tocará la institucionalidad del sector, ya que no se le modifican funciones principales ni financiamiento disponible al Ministerio de Comunicaciones, la Dirección de Caminos o Covial, pero para la administración del nuevo modelo “se establece una nueva entidad lejos de las prácticas contractuales existentes” por lo que se crearía la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), como un órgano desconcentrado del ministerio.
“En el dictamen anterior, el Directorio estaba formado con una lógica política, por representantes del presidente de la República, el Congreso y el ministro de Comunicaciones”, indicaron los diputados.
“Pero con este nuevo dictamen, la composición responde a las necesidades que se quieren resolver, involucrando a actores afectados directamente por las decisiones, de manera que los directores serán representantes del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien lo preside; el ministro de Finanzas Públicas; el presidente del Colegio de Ingenieros; el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción; y el presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA). El Gerente de la DIPP participará con voz, pero sin voto, y actuará como secretario del directorio”, se agrega en el documento.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
También se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP) para generar certeza en los procesos de pago y obtener recursos adecuados para el funcionamiento de la DIPP. Para ello se realizará, por medio de la nueva ley, la primera capitalización con Q6 mil millones, y se aprovecharán los saldos de caja existentes en el gobierno central. De estos, Q10 millones irán al Fondo Operativo y el resto (Q5 mil 990 millones) irán al Fondo de Infraestructura.
Así mismo, indicaron que se generará certeza en el pago de largo plazo con el desarrollo de la figura de garantías financieras. El financiamiento de las obras se hará por medio de anualidades, para lo que se necesitarán entre Q4 mil millones a Q5 mil millones anuales, difiriendo el pago con anualidades, según el plazo del contrato.
El presupuesto va a depender de la recaudación, pues una parte del IDP (impuesto a los derivados del petróleo) y del ISCV (impuesto sobre circulación de vehículos), así como saldos de caja, el 30% iría dirigido al FOVIP.
Ayala agregó que la ley regula los temas de derecho de vía y establece que las autoridades que deben emitir licencias o permisos tienen 60 días para aprobarlas para que no se alarguen los tiempos de forma innecesaria, y también se establecerá un silencio positivo, que consiste en que si no se manifiestan, se dará por aprobado.
La iniciativa dictaminada tiene 116 artículos y hasta este miércoles por la tarde aún hacían falta firmas de más parlamentarios; entre ellos, del bloque Semilla.
ESCRITO POR:
