Punto de encuentro
Libertad para Ligia Hernández
Mañana puede ser demasiado tarde, presidente Arévalo.
El Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta no abandona su práctica permanente de persecución a través del uso indebido del poder punitivo del Estado.
El “caso” contra Ligia Hernández es parte del plan golpista del Pacto.
La semana pasada en el “caso” en contra de la exdiputada del partido Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Iveth Hernández Gómez, se volvió a aplicar el mismo patrón de actuación que ha sido el modus operandi en la persecución penal espuria en contra de jueces y fiscales anticorrupción; abogados/as e investigadores de la extinta Cicig; estudiantes, profesores y trabajadores universitarios del movimiento de resistencia contra del fraude en la Usac; periodistas, manifestantes y líderes indígenas y sociales.
No causó ninguna sorpresa que el juez que conoce el expediente y dictó la orden de captura en contra de la funcionaria sea el célebre integrante del listado de actores corruptos y antidemocráticos de Guatemala, Fredy Orellana, que comparte la nominación con la fiscal general, el actual jefe de la Feci, José Rafael Curruchiche Cucul; el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila; y la fiscal Leonor Morales Lazo. Sí, la misma que declaró que todas las actas de cierre de escrutinio de las elecciones generales 2023 son “nulas de pleno derecho”, a partir de lo cual su jefe (Curruchiche) pidió anular las elecciones. ¿Casualidad? Ninguna.
Orellana, quien también dictó las órdenes de captura en contra del expresidente de diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, y de la exfiscal Samari Gómez y se prestó a la persecución de varios de los abogados defensores del periodista -que se vieron forzados a aceptar cargos para evitar seguir en prisión- cumplió de nuevo el libreto criminalizador:
a) Se negó a entregar el expediente para evitar que un juzgado de turno pudiera llevar a cabo la audiencia de primera declaración de Ligia Hernández, como lo había ordenado la jueza que le hizo saber el motivo de su detención. No fuera a ser que le decretaran falta de mérito o le dieran una medida sustitutiva. b) Accedió a todas las solicitudes planteadas por la fiscalía y denegó los requerimientos de la defensa. c) Resolvió negar la prisión domiciliaria por existir “peligro de fuga” (a pesar de que ella se puso a disposición del juzgado antes de su captura) y decretó una posible obstaculización a la averiguación de la verdad, porque Hernández le habría faltado el respeto al MP en un video que publicó en sus redes sociales y ejerce un cargo público desde el que puede dar órdenes. d) La mandó a recluir a la cárcel de Matamoros a la espera de que la fiscalía culmine la investigación. Es decir, permanecerá privada de libertad al menos hasta diciembre.
Pero el “caso” contra Ligia Hernández encierra una intención adicional. Es parte del plan golpista del Pacto y otro “hilo” que el MP quiere “jalar” para encausar penalmente a la dirigencia de Semilla. No hay que ser muy intuitivo. Basta ver la coincidencia entre la narrativa oficial del MP y los correlatos de sus net-centers cuando iniciaron la “cacería” en contra de fiscales, jueces y juezas independientes. Ya empezaron a publicar la imagen que evoca un “cartón de lotería” con las fotos de funcionarios clave del gobierno y de la dirigencia del partido oficial y han colocado la primera “X”.
Por eso lleva razón Jose Carlos Zamora (El País,16/8/24) cuando señala que resulta desolador ver a Hernández ofrecerse a una justicia inexistente y al Gobierno pedir un debido proceso que no aplica a opositores y críticos del pacto de corruptos. “Es hora de actuar o resignarse a ver cómo cada miembro del gabinete, y eventualmente el presidente, es detenido arbitrariamente”, advierte quien tiene desde hace 2 años a su padre preso por un caso fabricado. Mañana puede ser demasiado tarde, presidente Arévalo.
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