Mientras tanto, Mynor Moto, juez Sexto, hará lo mismo, pero con los expedientes que involucran a los alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, ambos de Quiché.
¿Qué le corresponde hacer a Toledo y Moto? En principio, cada juzgador recibirán el expediente del Ministerio Público (MP) y deberán revisar que estén bien planteadas las solicitudes de retiro de inmunidad.
El plazo que tiene cada juez para esa tarea es de tres días, según la Ley en Materia de Antejuicio.
Si consideran que todo está en orden, Toledo y Moto deberán trasladar los expedientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados judiciales serán el primer filtro de estos casos. En específico, deberán considerar que el caso no sea político, espurio o ilegítimo. De ser así, le darán trámite, o de lo contrario, pueden rechazarlo.
El señalamiento contra Torres es por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. La investigación señala que durante la campaña presidencial de 2015 la UNE habría recibido fondos de los cobros ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal realizados por Mario Leal Castillo, quien fue el candidato a la vicepresidencia y está prófugo. También es reclamado por el caso Traficantes de Influencias.
La investigación preliminar es que la UNE evitó reportar Q19.5 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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La candidata presidencial acusó a la anterior fiscal General, Thelma Aldana, de estar detrás de la acusación. “Es una denuncia espuria y totalmente política”, manifestó Torres
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