Es urgente que los congresistas promuevan una iniciativa para aplicar un incremento en las pensiones de los jubilados del Estado. La propuesta que se ha manejado consiste en hacer reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, con la que el monto mínimo para un pensionado sería no menos de Q1500 al mes.

Las precarias condiciones de vida para las personas de la tercera edad en Guatemala representan una situación que ha sido olvidada y postergada por el Estado. Estas personas no tienen manera de sustentarse, ya que carecen de una oportunidad laboral o la ayuda de sus familias. Recibir una pensión digna es la única esperanza de sobrevivir para miles de guatemaltecos de la tercera edad.

El abandono que padecen muchos ancianos podría llegar a calificarse como maltrato, ya que carecen de la atención mínima que el Estado debería proveerles. Los adultos mayores están entre los grupos más vulnerables de la población y, hasta hoy, el Estado no ha cumplido con su deber de asegurarles condiciones de vida dignas, ni acceso a servicios de salud pública de calidad. Es imposible que una persona pueda sobrevivir con tan solo Q400 al mes y poder cubrir sus gastos médicos, alimentos y vivienda.

Es injusto que personas que han trabajado toda su vida y que se supone, tienen el derecho a los servicios médicos del IGSS deban hacer interminables colas para ser atendidos y luego otra fila en el departamento de farmacia para proveerles sus medicinas —y a veces no hay existencia—, en ocasiones recibiendo malos tratos de los empleados, así pierden todo el día.

En Guatemala, un adulto mayor es percibido como una carga de la cual nadie quiere ocuparse. No así en países exitosos empresarialmente como China o Japón, en los cuales los ancianos son valorados y respetados por su gran experiencia.

Posiblemente si la persona está saludable, una opción sería buscar un empleo para solventar sus gastos, pero cuando inicia el proceso se encuentra con el desagradable mensaje de un mercado laboral injusto y que discrimina cruelmente al adulto mayor.

Para la mayoría de las empresas guatemaltecas, la juventud significa capacidad y mano de obra barata, por lo que una persona de la tercera edad no califica y es desechado, sin tan siquiera darle la oportunidad de demostrar su capacidad e invaluable experiencia. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad social empresarial que podría, en este caso, abrir el espacio y una oportunidad para la contratación de personal de la tercera edad?

Los adultos mayores deberían ser personas altamente valoradas por el Estado, la empresa y la sociedad, porque representan sabiduría y experiencia en la vida, ellos son parte esencial de la familia y constituyen un eslabón importante entre el pasado y el futuro.

Es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan la protección social del adulto mayor, empezando por aumentos significativos en las pensiones de supervivencia, que sean acordes a la época que vivimos y no las de hace 50 años, para que puedan vivir con dignidad. Deben fundarse asilos y hospitales de calidad.

El Estado debe sensibilizarse ante las necesidades de las personas de la tercera edad y también los familiares tienen que asumir su responsabilidad en cuanto al cuidado de sus padres y abuelos. Todos debemos respaldar a estas valiosas personas, que durante su juventud aportaron lo mejor de sí al Estado, la sociedad y la familia.
Un día todos seremos adultos mayores y quizá no tengamos recursos para vivir, como hoy sucede con nuestros ancianitos. ¿Nos quedaremos cruzados de brazos hoy?