El juez incidió en “la falta de transparencia” del sistema de cuotas japonesas, que según estimó “no son razonables“, e hizo valer el reducido número de publicaciones científicas en el marco del programa de investigación japonés JARPA II.
“Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones y licencias concedidos en el marco de JARPA II y abstenerse de otorgar cualquier nuevo permiso en virtud de este programa“, ordenó.
Tokio dijo rápidamente que respetará la decisión vinculante e inapelable del órgano judicial supremo de Naciones Unidas, manifestando no obstante su “profunda decepción“.
“En tanto que país que respeta el Estado de derecho y miembro responsable de la comunidad internacional, Japón respetará la decisión de la Corte” , dijo a la prensa el jefe de la delegación nipona ante la CIJ, Koji Tsuruoka.
Con su veredicto, la Corte le da la razón a Australia, que recurrió a ella en 2010 afirmando que Japón practicaba la caza ballenera con objetivos comerciales, pretextando un programa de investigación científica.
Japón, que alega que la caza de ballenas es una tradición ancestral, sostiene que sus actividades son científicas, pero no oculta que la carne de los cetáceos capturados termina luego en los mercados del archipiélago.
Oficialmente, las investigaciones japonesas buscan determinar si es viable la captura comercial, y los ingresos de la venta de carne de ballena sirven en parte para financiar dichas investigaciones.
Según Canberra, Japón capturó más de 10 mil ejemplares entre 1987 y 2009.
Oficialmente, Noruega e Islandia son los dos únicos países del mundo que practican la caza comercial de ballenas, gracias a una objeción contra la moratoria de 1986 de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que prohíbe la captura con fines comerciales.
