Con los señalamientos hechos públicos ayer, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hacia la aspirante presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Julieta Torres Casanova, parece cerrarse un círculo de perversidad en torno a la carrera por la Presidencia, desprestigiada porque prácticamente todos los partidos enfrentan acusaciones.

Se pueden contar con los dedos de una mano las agrupaciones libres de señalamientos de corrupción en torno al financiamiento de las últimas campañas electorales, lo cual afianza el existente desprestigio de un sistema que colapsó desde hace rato, aunque muchos se resistan a aceptarlo y, peor aún, todavía buscan manipular las pocas maquinarias electoreras para acceder a cargos de poder.

Los partidos más conocidos a través de los procesos electorales en lo que va del siglo actual están marcados por denuncias de haber recibido financiamiento no registrado o de origen oscuro. Esto va de la mano con la asociación ilícita, cargos que el fiscal especial contra la Impunidad, Francisco Sandoval, planteó ayer ante los órganos jurisdiccionales para despojar de inmunidad a la candidata Torres Casanova, quien apenas hace dos días recibió al acreditación del Tribunal Supremo Electoral.

Los mismos cargos fueron presentados contra el empresario Mario Leal Castillo, quien fue su candidato a la Vicepresidencia en las elecciones presidenciales del 2015, así como contra los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Jorge Vargas y Julio César Ixcamey. A ellos se suman los alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, ambos de Quiché.

Tanto las figuras más representativas de la UNE como las de los otros partidos que han sido denunciados con anterioridad enfrentan cargos por asociación ilícita, perjurio, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no reportado y defraudación tributaria, lo que representa todo un cuadro de degradación de la política partidaria que ha hecho crisis en la última década.

Como bien decía Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, en una reciente entrevista en nuestras páginas, para bailar un tango se necesitan dos, lo mismo ocurre con la corrupción, por lo que se supone que vendrán más investigaciones, más detenciones y nuevos señalamientos contra quienes han financiado la política durante las últimas décadas y todavía se resisten a salir de ese mercado.

De hecho, en Guatemala el festín de la corrupción se convirtió casi en una zarabanda, pues son numerosos los involucrados en transacciones oscuras para financiar a los políticos y en muchos casos los protagonistas resultan vinculados con otros procesos, en una evidente muestra de lo vergonzoso que ha llegado a ser la participación en contiendas electorales, que pueden convertir en millonarios a los aspirantes, como también lo evidenciaron Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.

Al final no sorprende este nuevo caso presentado contra la principal figura de la UNE, porque era algo que se veía venir, pues también fue un gobierno opaco, en el que ella, aunque asegure que nunca firmó nada, sí fue responsable de la conducción de esa administración. Tampoco sorprende su postura desafiante ante el ente de persecución criminal, porque esa ha sido la forma tradicional de actuar de los políticos intocables.