Editorial
Deben cesar sabotaje y dilación en postuladoras
Este asunto debería quedar resuelto hoy mismo en la sesión de la comisión, si es que no resultan otros integrantes que afirman no haber sido notificados a tiempo.
En diversos foros se ha discutido acerca de la sobrecarga de atribuciones, decisiones e instancias en las cuales el gremio del Derecho tiene una especie de oligopolio. Cierto, son quienes estudian y conocen los vericuetos de la ley, sus teorías y aplicaciones, pero no son el único sector profesional ni productivo ni decisivo para el país. Las comisiones de postulación, integradas por abogados de distintas filiaciones y procedencias, pero juristas al fin, imponen un paradigma y una tácita exclusión que deberá ser analizada en una futura reforma a la Ley de comisiones de postulación, las cuales arrancaron con brío hace tres lustros, pero que se han visto debilitadas por tretas que buscan acaparar su función.
Es lamentable y patético el aburrido espectáculo de un montón de abogados tan predispuestos a retrasar el trabajo toral de las comisiones de postulación de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. Las intransigencias y hasta ciertas propuestas descabelladas —por inaplicables— muestran esa tendencia a la cerrazón y la intolerancia, con lo cual dejan entrever subrepticios objetivos y, en ciertos casos, hilos de titiritero, debido a notorios e innegables nexos con facciones extremistas, instituciones bajo cuestionamiento y algunos señalados de corrupción. Su postura resulta consistente y afín con conveniencias que se notan de lejos.
Aunque su participación está prevista en ley, los propios magistrados de Apelaciones que integran las postuladores tienen un notorio conflicto de interés, sobre todo aquellos que buscarán un nuevo período en dichas instancias y quienes, de hecho, continuarán dentro de las mismas en caso de retrasos en la designación de nuevas autoridades. Los delatan sus mismos votos alineados, que propician el atasco de la función de las postuladoras, mientras el tiempo apremia.
La más reciente propuesta de estos alineamientos, en favor de la intransigencia y la imposición de agendas que destilan despotismo, es el intento perverso de censurar o vedar el acceso a medios o ciudadanos que cubran o cuestionen el actuar de los comicionados. Tal desvarío, propuesto por un integrante que por cierto es catedrático universitario, colisiona con los principios formulados en el Capítulo 2 de la Ley de comisiones de postulación. Inciso A: “Transparencia: Las comisiones de postulación desarrollarán sus actuaciones dentro del proceso de elección con total transparencia”. Inciso D: “Publicidad: Todos los actos que realicen las comisiones de postulación son públicos; en dichos actos podrán participar como observadores los interesados y público en general”. Por lo tanto, el intento de exclusión y censura se debe rechazar, por inconstitucional.
Sigue abierto el limbo sobre la sede de trabajo, gracias al ya mencionado voto alineado, cuya terquedad es manifiesta para toda la ciudadanía. Se supone que los abogados saben negociar y llegar a arreglos y soluciones con apego a Derecho. La presidencia del Congreso de la República ha propuesto el Salón del Pueblo u otra instalación para este trabajo y hasta pagar un espacio neutral. Este asunto debería quedar resuelto hoy mismo en la sesión de la comisión, si es que no resultan otros integrantes que afirman no haber sido notificados a tiempo.
La ley citada contempla continuar sesiones con un cuórum mínimo a pesar de ausencias. Si hay faltismo de un mismo grupo, será otra señal del alineamiento saboteador. La noche del jueves quedó liberado el perjudicial e injustificable bloqueo al puerto Santo Tomás. Ya es tiempo de que cese la obstaculización al trabajo en las postuladoras, muchísimo más dañino, porque afecta a todos los ciudadanos y porque entraña, como dijimos, otras perversiones.
ESCRITO POR:
