En pasadas semanas circularon dos comunicados diferentes sobre un mismo tema; el trámite que dio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a una denuncia promovida por la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y que con esto la denuncia pasara al Congreso que debería considerar si procede retirar el antejuicio a los magistrados denunciados. Ambos comunicados esgrimen argumentos jurídicos con puntos de vista encontrados y están respaldados por abogados y personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional.

El primer comunicado, con fecha enero 2019, ve en esta cadena de hechos una grave amenaza para la institucionalidad del país. Sus principales argumentos son: 1) “la independencia de un tribunal de justicia depende de la libertad con que sus integrantes cuenten para plasmar sus opiniones en las resoluciones que pronuncien, 2) la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad… establece que los magistrados que la integran no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”, 3) la denuncia promovida por la ADN “constituye una persecución ilegal en contra de tres magistrados” de la CC, 4) “con darle trámite a una denuncia antijurídica” la CSJ “ha contribuido a debilitar el estado de Derecho” y 5) El Congreso “tiene el deber de detener el trámite de una denuncia antijurídica”.

El segundo comunicado, de fecha 1 de febrero, ve en las propias actuaciones de la CC una seria amenaza contra la institucionalidad. Cita el artículo 69 de la Ley de Amparo y sostiene que: “Queda claro que los magistrados, solamente por sus opiniones son irresponsables, pero no por su actuación ni por lo que resuelvan”. Agrega que “Ningún juez en un sistema de Derecho, puede autojuzgarse y declararse exento de su propia imputación. No obstante, los magistrados de la CC se auto-ampararon”. Finalmente, declaran que “No existe ley alguna que exima de responsabilidad a algún funcionario, juez o magistrado por violar la Constitución o la ley en el ejercicio de su cargo” y rechaza “cualquier resolución que implique anteponer intereses políticos, ideológicos o personales a la Constitución y a la ley”.

En cierta ocasión, un sabio amigo al emitir una opinión manifestó: “no soy abogado pero sé leer” y me apropio de estas palabras. Puedo entender la preocupación que los autores del primer comunicado tienen sobre la importancia de la independencia de los jueces y de respetar la institucionalidad del país. También veo legítimas las preocupaciones de los autores del segundo comunicado, en particular el tema de la responsabilidad y el “autoamparo”.

Cuando la CC otorgó amparo en contra de que Jimmy Morales declarara no grato a Iván Velásquez entendí que esto procedía por no haberse seguido los requisitos de forma. Me causó asombro cuando la CC ordenó corregir la redacción de una carta pidiendo que se cambiara al embajador de Suecia y me decepcioné mucho de resoluciones que siguieron a esta. Cuando la CC se autoamparó, con uno de los imputados integrando el Tribunal, dejé de creer que tuviera alguna imparcialidad o legitimidad. Este elemento complica y compromete seriamente la legitimidad de lo actuado por CC, por ser juez y parte. La persecución penal de jueces es preocupante, como lo es también que magistrados en sus fallos se comporten como activistas políticos porque lo consideran conveniente. Este es un callejón oscuro. Comparto con ambos comunicados, el anhelo por que el nudo se resuelva en el marco de la Constitución y la legalidad.