Liberal sin neo
Malo por diseño y rigidez
Se aspiraba a un sistema transparente, apolítico y libre de manipulación.
Hay al menos dos grandes fallas en el proceso de comisiones de postulación para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA). Uno es el propio diseño, la forma del proceso; el otro es la rigidez que determina incapacidad para adaptarse al aprendizaje de experiencia y error. Con el tiempo, las iteraciones del proceso han demostrado que el sistema es disfuncional y no consigue los objetivos que su diseño perseguía. Se aspiraba a un sistema transparente, apolítico, representativo, con contrapesos y libre de manipulación, que sacara a flor al mejor talento, probo y profesionalmente preparado, para ocupar las magistraturas de la CSJ y CA. Lo que hay es un proceso engorroso, politizado y manipulable, que se percibe como poco transparente. Es difícil cambiarlo; el sistema se define en la Constitución.
Sería un sistema imperfecto, pero probablemente mejor que el actual.
El artículo 215 de la Constitución establece el modo de elección de los 13 magistrados de la CSJ; serán electos por el Congreso para un período de cinco años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por uno de los rectores de las universidades, los decanos de las facultades de Derecho, número equivalente de representantes del Colegio de Abogados e igual número de representantes electos por los magistrados de la CA y demás tribunales. El artículo 217 establece esencialmente el mismo modo de elección de magistrados de CA.
El sistema, en teoría, parece incorporar balance de fuerzas y contrapesos; en la práctica no lo consigue. La clave es quedar en la lista de 26 nominados para que el Congreso, por naturaleza y definición politizado, elija a los 13. Quiere la apariencia de independencia, pero al final es netamente político.
Es errado elegir a todos los magistrados, la CSJ completa, en un solo ejercicio, de manera que todos responden al mismo momento político. Esto es inusual, las mejores prácticas sugieren que es preferible la renovación fraccionada de una corte suprema; que no lleguen y se vayan todos al mismo tiempo, sino se renueve parcialmente. El período de cinco años es muy corto, no promueve independencia judicial y se relaciona de manera inextricable con las estaciones político-electorales.
La participación de rectores y decanos en las comisiones de postulación desvirtúa la naturaleza de las universidades e interfiere en los esquemas de incentivos para alcanzar esas posiciones. Se ven sujetos a presiones y obligados a participar en procesos que tienen poca capacidad de afectar, dañan su reputación y grupos de interés los cortejan o asedian. El Colegio de Abogados se ha politizado y convertido en actor clave para impulsar intereses y posiciones en el Organismo Judicial y el Ministerio Público.
Un reportaje de PL informa que “en 2019 no se cumplió con la renovación de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones”. “En noviembre del 2023, la legislatura eligió y juramentó a los magistrados… después de 259 intentos y con cuatro años de retraso”. Es evidente que el sistema de justicia, lejos de ser independiente, está profundamente manipulado por los vaivenes políticos.
De seguir haciendo lo mismo, es improbable que cambie el resultado. Las ultimas noticias sobre las comisiones de postulación, que se integran, cada una, con 37 comisionados, es que no logran ponerse de acuerdo sobre la sede para reunirse. Quizás sería mejor que se nombrara al azar a 37 ciudadanos que cuenten con DPI y NIT, para que eligieran a 26 candidatos a magistrado de la CSJ, de los que se elegirían 13 al azar. Sería un sistema imperfecto, pero probablemente mejor que el actual.
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