Uno de esos hechos es que el jefe del Estado, representante de la unidad nacional y de los intereses del pueblo de Guatemala, es un funcionario sobornable por gobiernos extranjeros, para lograr fines que, muchas veces, no interesan a los guatemaltecos.

El otro es que la cancillería guatemalteca, en determinados períodos de Gobierno, ha sido una fuente de corrupción, como pocos ciudadanos podrían haberlo imaginado.

El martes pasado Portillo, presidente de Guatemala del 2000 al 2004, compareció ante un juez de Nueva York, donde es procesado por lavado de dinero, y confesó que cuando ejercía el más alto cargo administrativo de Guatemala, se dejó sobornar por el Gobierno de Taiwán, una isla próspera que la República Popular China reclama como suya.

Aceptó en secreto cinco cheques cuyo valor sumado asciende a US$2.5 millones, equivalentes a unos Q20 millones, a cambio de mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, y no ponerles fin como desean algunos sectores nacionales.

Pero, en Nueva York no se le juzga por haber recibido ese dinero, ni por la forma en que le fue entregado, ni por comprometer la política exterior, sino por haber enviado el dinero, producto del soborno, a bancos de los Estados Unidos para esconderlo de las investigaciones en Guatemala. Ese fue uno de los grandes errores de sus consejeros.

El delito de lavado de dinero es una maniobra financiera consistente en hacer que el dinero obtenido mediante acciones ilícitas aparezca como obtenido lícitamente, para usarlo libremente en el mercado financiero o en cualquier otro tipo de mercado.

Portillo admitió su culpa por uno de los cargos: el de asociación ilícita para el lavado de dinero y el acuerdo firmado con los fiscales expresa que “no apelará sentencia alguna que contemple de cuatro a seis años de prisión”. La sentencia será pronunciada el 23 de junio próximo y, salvo imponderables de última hora, Portillo será condenado.

En los Estados Unidos un procesado acepta su culpabilidad cuando sus abogados le dicen que el fiscal posee pruebas irrefutables que conducirán irremediablemente a una sentencia condenatoria. La confesión de culpabilidad funciona entonces como atenuante de responsabilidad penal y permite al juez imponer una pena menor a la que impondría si el procesado insistiera en proclamar su inocencia, a sabiendas de que es culpable.

Hay otro asunto por destacar y es que Portillo ha hecho de su confesión una forma de sentar en el banquillo de los acusados a la política exterior del Gobierno de Taiwán, por sus relaciones con nuestro país, y revelar al mismo tiempo la podredumbre que en determinados momentos ha enlodado a la política exterior de Guatemala, sin que el pueblo se entere, como siempre.

Tan es así, que oficialmente se ha revelado, inmediatamente después de la confesión de Portillo, otro hecho igualmente grave: la existencia de un fondo anual de US$1 millón, equivalente a Q8 millones, que la Cancillería de Taiwán tenía a disposición de la Cancillería de Guatemala.

Y, aparentemente, eso no es todo; circula ya en internet la declaración de un alto funcionario de Estados Unidos, con la información de que el Gobierno de Taiwán no sobornó solamente al presidente de Guatemala; hizo lo mismo con otros funcionarios civiles y militares. Así que la historia de las oscuras relaciones Taiwán-Guatemala apenas comienza a ser divulgada.