Ricardo Molina, director de parques de la Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno, explicó que el 90 por ciento de los afluentes de agua del país está contaminada y que al menos tres millones de personas carecen de líquido entubado, problema que afecta particularmente a familias en el área rural.
Según Marta Ayala, presidenta de la fundación Calmecac, es urgente que el Organismo Legislativo alcance un acuerdo y apruebe una ley de agua, que entre otros aspectos “cree un ente rector para el manejo del líquido y establezca parámetros para el acceso a la población y entidades privadas para su correcto aprovechamiento”.
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, comentó que los diputados deben tomar en cuenta para consensuar una ley de aguas lo que dicen “los artículos 121, 127 y 128 de la Constitución, que tratan sobre el aprovechamiento del líquido”, así como desarrollar principios económicos en los regímenes comunitario, privado y público.
Julio González, del Colectivo Madreselva, agregó que esa normativa debe complementarse con una ley forestal, puesto que “el agua se genera en los bosques y principalmente no debe contemplar el líquido como una mercancía, además de reconocer los derechos ancestrales de las comunidades indígenas para evitar conflictos”.
Los ambientalistas coincidieron en que al aprobar una ley de esa naturaleza los beneficios se verían a partir de unos 30 años o más, debido a que la gestión del agua no es algo que traerá resultados en poco tiempo.
Urgencia
Sergio Ruano, viceministro de Ambiente, confirmó que estudios del Ministerio de Ambiente reconocen que el 90 por ciento de los cuerpos de agua del país están contaminados con algún tipo de bacteria dañina para la salud humana.
Manuel Galván, viceministro de Salud, agregó que de 36 mil proveedores de agua registrados en el país, los estudios de la cartera revelan que el 54 por ciento de estas no cumplen con los niveles de potabilidad para el consumo humano.
De acuerdo con Pablo González, secretario del Gabinete Específico del Agua, parte de los planes está”tener acercamiento con el Congreso para promover y consensuar una ley que regule el acceso al líquido.
González refirió que “carecer de una normativa que regule el agua no impide comenzar con los esfuerzos para su conservación”, y aseguró que el comité trabaja para crear una política pública del líquido y saneamiento que respondan a las necesidades inmediatas en el país.
